El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, en busca de otorgar mayor «seguridad jurídica» y evitar que errores formales subsanables puedan causar la anulación total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, enfatizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la importancia de esta modificación para proporcionar «estabilidad, certeza y, sobre todo, también seguridad jurídica».
La reforma llega tras una «petición muy importante» realizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y numerosos ayuntamientos, según indicó Alegría. El documento aprobado será ahora debatido y traspasado al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comentó que el texto es una recuperación de la propuesta que quedó obsoleta en la legislatura anterior debido a la convocatoria de nuevas elecciones. Desde Vivienda, señalan que los planes urbanísticos son esenciales para el avance de pueblos y ciudades basados en sostenibilidad, la política de vivienda, la creación de empleo y la economía nacional.
Las modificaciones en la ley responden a la necesidad de abordar las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, esto incluye trámites procedimentales, la legitimación para acciones legales y la identificación de vicios que pueden llevar a la ilegalidad, siendo todos estos asuntos de competencia estatal.
Sobre la oposición manifestada por Podemos, que critica la reforma al considerar que facilita prácticas especulativas y beneficia a los «fondos buitre», Alegría remarcó que será en el Congreso donde los grupos parlamentarios deberán exponer su posición. Destacó que la ministra de Vivienda ya ha presentado el proyecto de ley ante el Congreso y el Senado, percibiendo un interés general de aprobar la ley.
El texto también refleja las demandas unánimes de la FEMP, según la vicepresidenta de la organización e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. La modificación es vista como una respuesta a la reivindicación de mayor seguridad jurídica para los municipios, que encuentran dificultades por bloqueos en la tramitación de sus planes urbanísticos debido a «meros defectos formales».
