En un cambio histórico y controvertido para México, las elecciones a partir de 2025 incluirán la votación para integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, y jueces a nivel federal y local. Este proceso podría resultar en miles de candidatos repartidos en cientos de papeletas, lo que ya ha generado incertidumbre sobre su operatividad. La reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca erradicar la corrupción en el Poder Judicial y adaptarlo a la política actual, pero ha sido recibida con escepticismo y preocupación por diversos sectores de la sociedad.
La aprobación de la reforma se dio en medio de protestas y sesiones legislativas caóticas, a veces obstaculizadas por manifestantes y trabajadores del Poder Judicial preocupados por las consecuencias de tales cambios. López Obrador celebró la aprobación como un paso adelante para México, afirmando que la reforma elimina la corrupción del Poder Judicial y lo alinea con el gobierno actual. Sin embargo, críticos de varios frentes argumentan que la reforma podría socavar el juego tradicional de contrapesos democráticos y abrir la puerta a una influencia política excesiva en el Poder Judicial.
Las sesiones para la aprobación de la reforma se llevaron a cabo bajo medidas extraordinarias, incluyendo la reubicación de legisladores a una sede alterna debido a bloqueos de manifestantes. Esta reforma, que reduce el número y el periodo de los ministros de la Suprema Corte y modifica los requisitos para ocupar dichos cargos, fue avanzada rápidamente antes del fin del mandato de AMLO.
Especialistas y analistas ven en esta transformación un ajuste de cuentas con el Poder Judicial, que en ocasiones ha actuado como un freno a los proyectos del presidente. La reforma ha levantado preocupaciones sobre cómo se financiarán las campañas de tantos candidatos y qué impacto podría tener en la independencia judicial, con voces críticas advirtiendo sobre la posible influencia del poder político, empresarial y criminal en la elección de jueces.
Sin duda, la reforma representa un escenario desconocido y desafiante para México. Aunque su implementación completa está prevista para 2027, el proceso ya ha sido aprobado por suficientes congresos locales para avanzar. A medida que se espera la aprobación de legislaciones secundarias y reglamentos, la sociedad mexicana se prepara para enfrentar un panorama judicial radicalmente transformado, con implicaciones profundas para la democracia y la estabilidad del país.
