El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha presentado este lunes la propuesta energética de la formación en el marco de la crisis actual y ha señalado que una de las medidas que plantean es la de bonificar la factura de la luz y del gas a las familias y pymes que reduzcan su consumo, medida con la que estos colectivos podrían ahorrar hasta 2.900 millones de euros. Además, proponen «desbloquear de forma inmediata» la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca).
En cuanto a la factura de la luz, plantea que si el ahorro en el consumo se sitúa entre el 3% y el 7% en relación con la factura del mismo mes del año anterior, el descuento sería del 5%. Si la reducción del consumo es de entre el 7% y el 15%, el descuento sería del 10% y si fuese superior la bonificación sería del 20%.
Asimismo, el descuento en la factura del gas sería del 10% si el ahorro se sitúa entre el 3% y el 7%; del 20% si el consumo se reduce entre el entre el 7% y el 15%, y para aquellos consumidores que lograsen reducir su consumo más de un 15% la bonificación sería del 40%.
El marco temporal para la aplicación de esta medida sería entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
Además, las bonificaciones serían pagadas por las comercializadoras en los ciclos de facturación entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023 y serían asumidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En ese sentido, Bravo ha subrayado que la propuesta del PP para lograr reducir el consumo energético pasa por «incentivarlo», en lugar de «prohibir», en alusión a las medidas de eficiencia planteadas por el PSOE, como el apagado de escaparates a partir de las 22.00 de la noche o las temperaturas máximas y mínimas de los termostatos.
En cuanto al motivo por el que los descuentos son superiores en la factura del gas, el vicesecretario de Economía del PP ha explicado que se debe a que el principal problema en estos momentos tiene que ver con el precio del gas.
Por otro lado, desde el PP calculan que el ahorro que supondría a las familias y pymes, si se lograse un ahorro medio de entre el 7% y el 15%, se situaría en torno a 2.900 millones de euros.
PRORROGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS NUCLEARES
La propuesta del PP, que ya ha sido remitida al Gobierno, también plantea alargar la vida útil de las nucleares españolas, cuyo cierre está previsto, según el calendario actual, entre 2027 y 2035.
En ese sentido, los populares no detallan el marco temporal de esa prórroga e indican que es necesaria una «revisión de la viabilidad de las centrales para extender su vida útil más allá de ese calendario de cierre» en las condiciones necesarias de seguridad y factibilidad técnica de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «puesto que se trata de una energía de base, no emisora y con costes acotados».
También en relación con la política nuclear, el principal partido de la oposición propone un «precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz», así como «desbloquear de forma inmediata» la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca), un proyecto que, según remarca el PP, «tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del CSN y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización».
IMPUESTO A LOS ‘WINDFALL PROFITS’ DE LAS ELÉCTRICAS
El paquete de propuestas del PP también hace referencia al impuesto a los supuestos beneficios extraordinarios que las empresas energéticas estarían obteniendo en el contexto actual y que, junto al nuevo gravamen a la banca, será sometido a su primera votación en el Congreso este martes.
«La proposición de ley presentada por los partidos políticos de la coalición que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez crea un nuevo impuesto que dice que gravará los beneficios extraordinarios a las eléctricas. Sin embargo, lo que realmente gravaría es la cifra de negocios, no los beneficios extraordinarios, y no de todas las eléctricas, sino de algunas», argumenta el PP en el documento.
Así, proponen que los ingresos extraordinarios que obtenga Hacienda –las estimaciones del Gobierno apuntan a unos 3.500 millones anuales durante los dos próximos ejercicios– se «compartan con los consumidores para bajar los precios».
Además, resaltan que la Unión Europea (UE) «ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto (de la UE) podría conllevar su posterior abolición».
«Para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto, proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva», apunta el documento.
En ese sentido, durante la presentación de la propuesta energética, el PP ha hecho hincapié en que su posición es decir que «sí» a las medidas excepcionales que reduzcan la factura energética de empresas y hogares, pero han matizado que se oponen a «captar recursos de las empresas para guardarlos en el cajón».
UNA AiREF ENERGÉTICA
Otro de los elementos destacados en la propuesta del PP es la creación de una especie de AiREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) energética que permita «sacar la energía del debate sin datos» y también que favorezca que el diálogo se centre en «mejorar la eficiencia del sistema, recuperar la economía y fortalecer el empleo».
El PP argumenta que este planteamiento podría desarrollarse como una sección dentro de la propia AiREF, «si sus estatutos lopermiten, o vía ley».
«Sea cual sea la fórmula, la ‘AiREF Energética’ debe ocuparse de la evaluación independiente de las medidas adoptadas, así como de elaborar propuestas para su mejora (con el modelo de las revisiones de gastos). En ningún caso se prevé que sustituya las competencias propias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de Red Eléctrica Española (REE) o de órganos equivalentes», aseveran.
