La Policía Nacional ha estimado en 5.000 el número de personas que participan en una rave que tiene lugar desde la noche del 31 de diciembre en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real, un evento que en años anteriores se llevó a cabo en las provincias de Murcia y Granada. David Broceño, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, confirmó esta cifra y añadió que los asistentes han llegado en más de 1.500 vehículos, principalmente furgonetas camperizadas y autocaravanas.
Para garantizar la seguridad durante esta macrofiesta, se ha desplegado un dispositivo que incluye a 170 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, quienes trabajan para que la fiesta transcurra con «la mayor seguridad, tranquilidad y normalidad posible». Broceño también informó sobre el refuerzo del dispositivo con la llegada de una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desde Madrid, así como con varias dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Toledo.
A pesar de que el evento no cuenta con autorización oficial, su magnitud ha generado gran expectación en la provincia, tanto por el despliegue de seguridad como por la cobertura mediática. Los organizadores han utilizado el amplio espacio del aeropuerto, donde han instalado equipos de sonido y estructuras improvisadas.
En cuanto a un posible desalojo del lugar, Broceño ha señalado que no se prevé en este momento, debido al gran volumen de personas presentes. «El desalojo de un espacio con 5.000 personas puede ser complejo», señaló, aunque indicó que se actuará si se recibe alguna orden judicial. Su prioridad es que el evento transcurra sin incidentes.
Respecto a la duración de la rave, el subdelegado anticipa que podría extenderse entre seis y siete días, basándose en la duración de ediciones anteriores.
Además, la empresa que gestiona el aeropuerto, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha presentado una denuncia contra los organizadores por ocupación ilegal de su suelo. Broceño informó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando el asunto para su traslado al juzgado en un plazo no superior a 72 horas. También no se descartan sanciones administrativas para los organizadores y asistentes, las cuales podrían ser impuestas por la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real en función de sus competencias.
