Más de una treintena de asociaciones, clubes y plataformas camineras, ambientales y senderistas piden a los responsables políticos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales proteger los caminos públicos y las vías pecuarias ante la usurpación y cierre de este patrimonio. Tras la pandemia, explican desde la Plataforma Ibérica, se evidencia la necesidad de contar con una red viaria pública que permita hacer efectivo el derecho al medio ambiente y preservar la trashumancia como bien cultural.
Las XIV Jornadas Camineras de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) celebradas en Córdoba reunieron a expertos y asociaciones de todo el Estado con el propósito de compartir conocimientos, estrategias y líneas de actuación para salvaguardar el patrimonio caminero que articula y conecta a personas y pueblos desde tiempo inmemorial.
Representantes de más de una treintena de organizaciones de todo el Estado pusieron de manifiesto la necesidad de un compromiso real de todas las Administraciones para la preservación de vías pecuarias y caminos públicos, un patrimonio público con múltiples beneficios para la sociedad en su conjunto. Integrada por organizaciones ganaderas, senderistas, ecologistas, vecinales, ciclistas y camineras, la PICP congregó cita en la capital cordobesa a agentes sociales diversos para analizar la situación real y legal de caminos públicos y vías pecuarias y plantear propuestas para su protección efectiva.
Los asistentes pusieron de manifiesto que el panorama de cortes, cierres, usurpaciones e incluso venta de caminos públicos en muchos municipios es un problema generalizado en todo el Estado español. Llaman además la atención ante la dejación de funciones de las Administraciones en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias. El diagnóstico de la Plataforma Ibérica resuelve que las comunidades autónomas más afectadas por el cierre de caminos son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y Castilla y León.
Los ponentes denunciaron que el campo se está convirtiendo en un lugar intransitable. Caminos, vías pecuarias y cursos fluviales, son ocupados y cerrados ilegalmente con grandes vallados, muchas veces por propietarios de fincas cinegéticas. El cierre de estos bienes de dominio público se hace de un día a otro, y la dejación de funciones por parte de las administraciones competentes (los ayuntamientos en caso de caminos municipales y vecinales, y las Comunidades Autónomas en caso de vías pecuarias) hace que los procesos de recuperación de enquisten o nunca se aborden.
LA GANADERÍA EN TRASHUMANCIA Y EL LIBRE TRÁNSITO EN EL MEDIO NATURAL
Las usurpaciones ilegales del patrimonio público y el abandono son situaciones que impiden el libre tránsito humano y ganadero por el medio natural, el acceso al campo y la imposibilidad de practicar deportes como el senderismo, el ciclismo, la cabalgada, etc. Por otro lado, también estas vías públicas sufren la acumulación de basuras y otros usos inadecuados, ante la inoperancia de las administraciones y pese a las denuncias de asociaciones, clubes y grupos locales deportivos, ecologistas o camineros.
Las asociaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la Constitución, en su Artículo 45 señala que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Urge, por tanto, una tutela efectiva de estos espacios. Lamentablemente, un año más, todas las asociaciones coincidieron en señalar el camino de obstáculos que, paradójicamente, supone denunciar los abusos y usurpaciones del dominio público ante la inacción de las Administraciones.
En estas jornadas se ha contado con la participación de expertos juristas que han expuesto las dificultades a las que se enfrentan cada día para realizar su trabajo cuando estos casos terminan en los juzgados, señalando la falta de formación en la materia de jueces y fiscales, que dificulta la recuperación del patrimonio público usurpado. La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos señala especialmente la inacción de muchos Ayuntamientos ante el cierre de caminos, a pesar de su potestad de actuar de oficio ante dichos cierres. Lejos de ello, algunos Ayuntamientos han llegado a vender estos bienes públicos.
Por ello, el coordinador de la PICP, Manuel Trujillo, recuerda que la Ley de Régimen local y el Reglamento de Bienes de las entidades locales establecen que los caminos públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. También la PICP recuerda a los ayuntamientos su obligación de hacer un inventario de caminos públicos y registrarlos.
En las XIV Jornadas Camineras se concluyó la necesidad de aprobar nuevas leyes en materia de caminos públicos. En relación a ello se indicó las mejoras que ha supuesto la aprobación reciente de leyes como la Ley de caminos de Mallorca y Menorca, fácilmente exportables a otras Comunidades Autónomas. También concluyeron la necesidad de abordar la compatibilidad de usos en el medio natural, a día de hoy muy desequilibrado en perjuicio de caminantes, deportistas o ganaderos, instando a las Administraciones a cumplir las leyes y estando abierta a iniciar un diálogo sereno con los demás agentes implicados. La Plataforma Ibérica, junto a la Federación de Montaña y Ecologistas en Acción, promueven para el 3 de abril la celebración del Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos, y llaman a las plataformas, asociaciones, colectivos y administraciones a reivindicar el patrimonio caminero con acciones de concienciación y marchas reivindicativas en cada municipio.
