La plantilla del 112 de Castilla-La Mancha se ha concentrado este martes en Toledo para reclamar el fin de la externalización del servicio de atención a la ciudadanía, exigiendo que este dependa de un organismo público. Decenas de trabajadores de atención telefónica del 112 se reunieron frente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, denunciando que esta externalización conduce a condiciones laborales precarias para la plantilla y a una reducción en la calidad del servicio para los usuarios.
Nazaré Rodríguez, presidenta del comité de empresa del 112, destacó que la movilización tiene como principal objetivo «la gestión pública» del servicio. “Es momento de que la Junta asuma el control y no lo deje en manos de empresas que buscan únicamente su propio beneficio”, afirmó. Actualmente, el servicio de atención telefónica está gestionado por la empresa Serveo, que se hizo cargo en 2022 mediante una subasta inversa que redujo el presupuesto en «un millón y medio menos» en comparación con el contrato anterior.
Rodríguez también mencionó que, a pesar de las dificultades, la calidad del servicio no ha disminuido, apoyándose en encuestas que otorgan a la atención del 112 una valoración de 9 por parte de los ciudadanos, algo que, dijo, ha sido utilizado por la propia Junta como motivo de orgullo.
Por su parte, Angelines Vega Gómez, trabajadora de sala del 112 y miembro del comité de empresa, indicó que la plantilla está compuesta por unas 75 personas en sala y alrededor de 204 en toda la región. Esta cantidad resultó ser insuficiente, especialmente en días de alta demanda, como el 31 de diciembre, cuando solo seis personas atendieron toda Castilla-La Mancha.
Vega Gómez también mencionó que han intentado comunicar a la Administración regional la situación «insostenible» de la plantilla y han abogado por la subrogación del personal y la adscripción del servicio a una entidad pública. El pasado 12 de noviembre, durante la colocación de la primera piedra de la nueva sede del 112, entregaron una carta al presidente Emiliano García-Page con sus demandas. Sin embargo, criticaron la respuesta que recibieron, considerándola «hiriente».
Las representantes sindicales anunciaron que las movilizaciones continuarán, con más actos y concentraciones en el futuro, para insistir en que el servicio sea público. «Incluso consideramos la opción de una huelga», destacó Vega Gómez, aún con las dificultades impuestas por la necesidad de garantizar servicios mínimos. “Si es necesario seguir concentrándonos, aquí estaremos”, concluyó.
