La plantilla del 112 de Castilla-La Mancha se ha concentrado este martes en Toledo con el objetivo de exigir el fin de la externalización del servicio de atención a la ciudadanía y demandar que esta tarea dependa de un organismo público. Decenas de trabajadores de atención telefónica se reunieron frente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, denunciando que la externalización del servicio ha llevado a precarizar las condiciones laborales de la plantilla y ha repercutido negativamente en la calidad del servicio para los usuarios.
La presidenta del comité de empresa del 112, Nazaré Rodríguez, subrayó que la movilización tiene como principal reivindicación la «gestión pública» del servicio. «Es fundamental que la Junta asuma el control y deje de cederlo a empresas que solo buscan obtener beneficios», afirmó Rodríguez. Actualmente, el servicio de atención telefónica está bajo la gestión de la empresa Serveo, que fue adjudicada mediante una subasta inversa en 2022, estableciendo un presupuesto que es «un millón y medio menos» que el del contrato anterior.
A pesar de estas condiciones, Rodríguez destacó que el desempeño profesional de los trabajadores ha permitido mantener un servicio bien valorado por los ciudadanos, quienes lo califican con un 9 en las encuestas, una valoración que, según ella, ha sido utilizada por la propia Junta para presumir de su gestión.
Por su parte, Angelines Vega Gómez, trabajadora de sala y miembro del comité de empresa, enfatizó que la plantilla está compuesta por alrededor de 75 personas en sala, con un total de aproximadamente 204 en toda la región. Este número, según Vega Gómez, resulta insuficiente, especialmente en fechas con picos elevados de trabajo. Como ejemplo, mencionó que el 31 de diciembre, solo seis personas se hicieron cargo del servicio en toda Castilla-La Mancha.
Vega Gómez explicó que han hecho varios intentos por comunicar a la Administración regional la situación «insostenible» del personal y han promovido la subrogación del mismo, así como la adscripción del servicio a una entidad pública. A modo de ilustrar su compromiso, recordó que el 12 de noviembre entregaron una carta al presidente autonómico, Emiliano García-Page, con sus reivindicaciones durante la colocación de la primera piedra de la nueva sede del 112. Sin embargo, definió la respuesta recibida como «hiriente».
Ante la falta de acción, las representantes sindicales han advertido que continuarán organizando movilizaciones, incluyendo nuevas concentraciones para exigir que el servicio vuelva a ser público. «Nos gustaría haber convocado una huelga», afirmó Vega Gómez, mencionando las complicaciones derivadas de la necesidad de mantener un 100% de la plantilla en funcionamiento, pero dejando abierta la posibilidad de futuras movilizaciones. «Si hay que seguir concentrándose, aquí seguiremos», concluyó.
