La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) acudirá a los tribunales de Estrasburgo si no se absuelve a los ocho activistas para los que la Fiscalía pide un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público para intentar paralizar el desahucio de una familia en diciembre de 2017 en Cabanillas del Campo (Guadalajara).
El juicio está previsto para el próximo 30 de noviembre y, de momento, desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ya han anunciado una concentración para el día 12 de ese mismo mes y la proyección de una película vinculada con los desahucios cinco días después, tal y como ha informado en rueda de prensa la portavoz de comunicación de esta plataforma, Nuria Ramos, arropada entre el público por algunos cargos políticos de la capital como los portavoces de Unidas Podemos y de Aike, José Morales y Jorge Riendas.
La Fiscalía ha pedido ocho meses de cárcel y dos meses de multa que en caso de pagarse serían también de prisión, mientras que desde la acusación particular, CaixaBank, la pena que se ha solicitado para los activistas de la PAG se eleva hasta los tres años y medio por haberse personado en este banco para pedir la paralización de un desahucio de una familia y defender el derecho a la vivienda de una veintena de familias más.
La PAG ha exigido la absolución de las personas imputadas e irá hasta Estrasburgo «si hace falta» porque «esto es intolerable. El derecho a una vivienda digna se va a seguir defendiendo en Guadalajara», ha subrayado Ramos.
Según la portavoz de comunicación, con estas acusaciones se han vuelto a vulnerar derechos fundamentales en Guadalajara como el derecho a la protesta pacífica, deteniéndose en su día a ocho activistas «por intentar que CaixaBank formalizara por escrito un acuerdo al que se había comprometido formalmente» y que afectaba a unas veinte familias con hijos menores a su cargo, para evitar su desahucio y facilitarles un alquiler social, pero nada se cumplió, ha sentenciado.
Así, tal y como ha precisado, en vez de actuar como se comprometió, CaixaBank dio la gestión de esas viviendas ocupadas a una gestora que comenzó a amenazar a las familias para que abandonaran sus hogares.
Al acercarse la fecha del juicio y no encontrar respuesta a esta situación, el grupo de activistas a las que se juzgará el próximo 30 de noviembre decidieron acudir a la oficina de este banco y no salir de allí sin el compromiso por escrito del acuerdo verbal del banco. Poco después, estas ocho personas eran trasladadas a los calabozos.
Una detención que, según Ramos, venía de orden de la Subdelegación del Gobierno, con una «clara intención política», ha subrayado.
Para la PAG, la actuación de este grupo de activistas conllevaría en todo caso una sanción administrativa, convencida de que ese 5 de diciembre de 2017 los únicos delitos que se cometieron fueron la detención ilegal y la violación de derechos fundamentales «bajo directrices políticas claramente enfocadas a sofocar la protesta social», ha abundado Ramos.
Por lo que se refiere a la situación de las viviendas, desde la PAG desconocen ahora cómo están y si finalmente se desahució a las familias que había en ellas aunque han reseñado que la familia concreta por la que se produjo la protesta si fue desalojada.
