Espionaje sistemático a los diputados de Podemos por la policía patriótica
Documentos de la Audiencia Nacional revelan cómo la denominada policía patriótica del PP dirigió un espionaje masivo contra los miembros de Podemos entre 2015 y 2016. La Policía Nacional realizó al menos 6.903 búsquedas en las bases de datos del Ministerio del Interior sobre los diputados de esta formación. Estas investigaciones forman parte de una presunta operación de guerra sucia durante el gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos.
En enero de 2016, el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, solicitó al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, buscar datos que dañaran la reputación de los diputados recién elegidos de Podemos. El juez Santiago Pedraz abrió una investigación en febrero tras una querella presentada por Podemos, denunciando estas maniobras policiales.
Investigación y repercusiones judiciales
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido al juez un informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos. Los archivos revelan que las búsquedas las realizaron 2.726 usuarios, aunque no se aclara si un usuario equivale a un agente o si un policía puede acceder con varios usuarios distintos. Las bases de datos más recurrentes fueron Sidenpol, Argos y Objetos, y todas las búsquedas quedaron registradas.
Otro dato relevante es la columna “Plantilla” en las tablas de Excel, que cita 993 localizaciones de diferentes centros policiales en toda España. El diputado con más registros fue Segundo González García, con más de 900 búsquedas, seguido por Lucía Martín, con 800 búsquedas. Pese al requerimiento judicial, la policía no ha aportado la información extraída de las búsquedas, dejando muchos puntos clave sin aclarar.
Reacciones políticas y legales
Tras conocerse la noticia, Pablo Iglesias pidió que los mandos policiales implicados rindan cuentas ante la justicia. Iglesias afirmó que la recopilación y uso de datos personales con fines policiales vulnera derechos fundamentales, citando el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo especifica que no podrá haber injerencia de la autoridad pública salvo que sea necesaria para la seguridad nacional o pública, entre otros motivos.
Iglesias expresó su temor de que, debido a la influencia de la derecha judicial, estos actos queden impunes. El análisis de las búsquedas refleja una desproporcionalidad en el tiempo y la cantidad de registros, lo que sugiere una violación sistemática de derechos por parte de la policía patriótica.
