El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la orden sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que tendrá como prioridades consolidar la recuperación económica en la Comunidad Autónoma y continuar con las medidas orientadas a la protección de las familias y los sectores más vulnerables y que incluirá un nuevo enfoque transversal, sobre el impacto demográfico y la lucha contra la despoblación en las políticas presupuestarias de la Junta.
Así se establece en esta orden firmada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, con el cual se inicia un nuevo ciclo presupuestario y se señala que la elaboración de los presupuestos para 2023 deberá llevarse a cabo en un difícil contexto de incertidumbre en la economía internacional, que viene marcado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la evolución de la situación geopolítica y sus efectos sobre los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos y, en menor medida, por los últimos coletazos de la crisis sanitaria del COVID.
En este contexto, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha marcado como prioridades dar cobertura presupuestaria adecuada y suficiente para reforzar los servicios públicos fundamentales y atender las necesidades del tejido productivo con la finalidad de impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma. Sendas prioridades deberán enmarcarse, en gran medida, en las políticas activas que se lleven a cabo desde la Junta de Comunidades para hacer frente al reto demográfico.
Además, los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2023 presentarán un cuádruple enfoque transversal de análisis, tres de ellos ya recogidos en los presupuestos de este año como son el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y el impacto en la infancia, añadiéndose, como novedad, el impacto demográfico y la lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias, ha informado la Junta en nota de prensa.
Este último enfoque en los presupuestos tiene por finalidad la de ser un instrumento eficaz para, por una parte, realizar el seguimiento presupuestario de la prestación de servicios y actuaciones que incidan en los municipios integrados en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación y, por otro lado, individualizar el gasto en las políticas activas recogidas en la Estrategia Regional frente a la Despoblación.
Igualmente, en la orden se señala que, en cumplimiento de la normativa vigente, la Ley de Presupuestos para el próximo año deberá integrarse en el Marco Presupuestario 2023-2025 y respetar el límite de gasto no financiero que se apruebe en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, con independencia de que se suspendan o no las reglas fiscales para el ejercicio 2023, se establece como prioridad preservar la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas de la región desde criterios de responsabilidad fiscal y prudencia financiera.
CRITERIOS GENERALES
Asimismo, mediante esta orden se regula el ámbito institucional, los criterios generales para presupuestar, el contenido básico, las estructuras presupuestarias y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. Su finalidad principal es configurar un procedimiento ordenado, homogéneo y adecuado para la elaboración del proyecto de presupuestos.
En este sentido, se especifica que contendrán los estados de ingresos, los estados de gastos y los estados financieros de las empresas y fundaciones públicas y de los consorcios que formen parte del sector público regional.
Otros criterios serán el impulso de actuaciones de mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, así como la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades, tanto administrativas, como instrumentales.
La cobertura, en materia de subvenciones e inversiones reales, de los gastos plurianuales comprometidos, respetando los derechos adquiridos que se deriven de los mismos; y la priorización de las actuaciones cofinanciadas por otras administraciones públicas o por la Unión Europea, adecuando el gasto a la correcta ejecución y seguimiento de los ingresos públicos, serán también principios generales de los presupuestos de 2023.
