En Turquía, la ola de protestas que comenzó hace más de una semana tras el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu, sigue intensificándose, transformando las calles de varias ciudades en escenarios de manifestaciones que claman por más democracia y derechos. Con el diploma universitario de Imamoğlu revocado y acusaciones de corrupción sobre él, los ciudadanos turcos, principalmente jóvenes universitarios, han respondido no solo con protestas sino también con un boicot económico dirigido a empresas vinculadas al gobierno.
Elif, una joven de 30 años, se encontraba entre los manifestantes frente a EspressoLab, una cadena de cafeterías vinculada al gobierno, repartiendo pegatinas diseñadas por una artista anónima de Ankara, con el objetivo de promover el boicot. Los llamados a esta acción se han extendido rápidamente, abarcando no solo a cafeterías sino también a librerías, centros comerciales, e incluso medios de comunicación, todos conectados de alguna manera con el gobierno turco.
La respuesta a estas protestas y acciones de boicot ha sido mixta. Mientras que el presidente Erdoğan ha criticado los movimientos, calificándolos como intentos de “hundir la economía” del país, muchos ciudadanos y empresas han reaccionado ajustando sus prácticas y negando sus vínculos con el gobierno, evidenciando la efectividad del boicot. Incluso, se ha generado un antiboicot por parte de simpatizantes del gobierno.
La situación económica de Turquía, una economía que se apoya significativamente en grandes conglomerados empresariales vinculados estrechamente al gobierno, podría verse afectada a largo plazo por esta ola de boicots. La estabilidad de estos conglomerados, que disfrutan de beneficios derivados de su relación con el gobierno, podría ser una de las claves para entender las posibles repercusiones económicas del boicot.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan defendiendo el boicot como una herramienta de cambio, planeando más acciones para el futuro cercano. A pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias económicas negativas, como la fuga de capitales y la depreciación de la lira turca, los manifestantes permanecen decididos a continuar su lucha contra lo que ven como un gobierno corrupto.
Esta resistencia ciudadana y la respuesta a ella ponen de relieve la profunda división en Turquía sobre el camino hacia el futuro del país y el papel que debe jugar el gobierno en la vida de sus ciudadanos. Con el boicot, los manifestantes esperan no solo expresar su descontento sino también forzar un cambio en la estructura de poder dentro de Turquía, marcando un nuevo capítulo en la larga historia de activismo y protesta en el país.
