En un debate intenso celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Partido Popular (PP) y Vox han presentado una serie de iniciativas en contra de la acogida de menores migrantes no acompañados en la región. La discusión, que giró en torno a las preocupaciones sobre seguridad y la gestión de la inmigración, fue marcada por un intercambio de acusaciones y demandas de diferentes grupos políticos.
David Moreno, presidente del Grupo Vox, abrió la sesión apuntando a dos recientes violaciones en Madrid perpetradas por inmigrantes, utilizando estos incidentes como parte de su argumento en contra de la política actual del Gobierno. «Hay miedo, inseguridad y degradación generalizada en los barrios por la desidia de las instituciones», declaró, enfatizando la necesidad de deportar a los inmigrantes y criticando la solicitud de 400 millones de euros por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, para financiar el proceso de acogida.
Moreno exigió también que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, explicara las condiciones y lugares de destino del reparto de menores, insistiendo en que la propuesta de acogida del Gobierno central debería ser rechazada. Entre las demandas del Grupo Vox se encuentran la implementación de un plan efectivo de repatriación de menores, la supresión de ayudas a inmigrantes irregulares, el cierre de centros de acogida y la creación de un procedimiento sancionador para evitar que inmigrantes irregulares se empadronen.
La polémica escaló cuando Moreno acusó al Gobierno de ser responsable de los delitos cometidos por migrantes irregulares en el país. Esta afirmación fue tachada por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, de «exceder la actividad parlamentaria», pero Moreno se negó a retractarse.
Desde el Grupo Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro catalogó el plan del Gobierno de España como «una extorsión» y exigió una actualización del protocolo de acogida de los menores, señalando que es un proceso que no se ha revisado desde 2017 a pesar del aumento en las llegadas. También abogó por un reparto equitativo de recursos y la creación de mecanismos de reunificación familiar.
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras respondió a las acusaciones de Vox, describiendo sus declaraciones como «pirómanas» y resaltando el daño que causa la promoción del odio hacia la inmigración. Aportó ejemplos de convivencia positiva, como el municipio de Villamalea, que propuso regularizar a mil inmigrantes, y citó la tragedia del niño sirio Aylan Kurdi para enfatizar la necesidad de recursos para ayudar a quienes huyen de la guerra.
La consejera de Bienestar, Bárbara García, rechazó los datos sobre criminalidad proporcionados por Vox, catalogándolos como «falsos» y subrayando el compromiso de Castilla-La Mancha con los derechos humanos. La intervención del Grupo Socialista propuso la colaboración con el Gobierno central para garantizar fondos necesarios para el reparto de menores y fomentar la integración de la población inmigrante, además de reafirmar su deseo de combatir el racismo y promover la cooperación internacional.
