La tercera sesión del juicio con jurado popular contra E.S.R., acusado de asesinar a su pareja en Piedrabuena en enero de 2023, ha estado marcada por la declaración de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el crimen. Los testimonios han dejado al descubierto el ambiente de control, amenazas y sometimiento en el que vivía la víctima, Belén, de 24 años.
Durante la vista, se reveló que el acusado realizó 17 llamadas a la víctima entre las 2.30 y las 3.00 horas de la madrugada en la que ocurrieron los hechos, además de enviarle 33 mensajes entre las 22.08 y la 1.59 horas. Todos estos mensajes tenían un tono agresivo y controlador, incluyendo expresiones como «ya puedes tener cuidado», «temprano te quiero ver», y «me cago en Dios». Según los instructores del atestado, esto evidencia una actitud de dominio y violencia psicológica por parte del acusado.
Los agentes descartaron la versión inicial del acusado, quien argumentó que Belén «se había pinchado accidentalmente» durante una discusión. Esta hipótesis, que fue cambiando con el paso de las horas, no se sostiene a juicio de los investigados. En sus primeras declaraciones a la Guardia Civil, E.S.R. no mencionó que la muerte se hubiera producido jugando, como había indicado al personal médico. Sin embargo, reconoció que ambos estaban en medio de una discusión y que fue ella quien cogió el cuchillo y «se pinchó» accidentalmente mientras hacía un «aspaviento».
Por otro lado, los peritos en criminalística afirmaron que la herida en el cuello de la víctima fue causada por un cuchillo de más de 11 centímetros de hoja, con un recorrido de derecha a izquierda y suficiente profundidad como para atravesar la tráquea sin seccionarla del todo, lo que derivó en la muerte de Belén por insuficiencia respiratoria.
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado una condena de 29 años de prisión para E.S.R., de 32 años, quien está siendo juzgado por el asesinato presuntamente cometido contra su pareja, Belén. Según la Fiscalía, el ataque se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin que la víctima tuviera posibilidad de defensa, considerando el caso como un asesinato con alevosía y también incluyendo otros delitos relacionados con violencia de género.
