En estos últimos tiempos hemos visto y sufrido en nuestras propias carnes como se disparaban los precios de la energía en una escalada ya previa a la invasión de Ucrania por Putin pero que se vio muy agravada por dicha circunstancia
Ello ha provocado que los consumidores comprobaran con estupor como los recibos de luz y gas incrementaban su importe de manera muy ostensible, obligando a los distintos gobiernos a tomar medidas de choque para paliar el impacto de dichos precios en las familias y empresas
El Gobierno de España en este sentido ha sido muy diligente y los resultados ahí están. Distintas intervenciones para reducir el precio de la energía, tales como, entre otras muchas de carácter legislativo y regulatorio, reducir o eliminar los distintos impuestos que le afectan, potenciar los bonos sociales térmicos y eléctricos, limitar la TUR del gas, o la muy aplaudida por la Unión Europea “Excepción Ibérica” que ha permitido un ahorro a los consumidores españoles un ahorro de más de 5000 millones de euros.
Y todo esto, hay que destacar, sin contar nunca con el apoyo del principal partido de la oposición, habiendo sido testigo directo el que suscribe de su voto en contra en los Plenarios del Senado de todas las medidas adoptadas por el Gobierno y habiendo incluso denostado la excepción ibérica a la que se venía calificando por parte del PP como “timo ibérico” cuando su éxito ha sido internacionalmente reconocido
Sin embargo, es obvio que estas medidas, aunque eficaces, son y deben ser la mayoría de ellas coyunturales. Está claro que el mercado de la energía no funciona y que necesita una reforma. La alta volatilidad de los precios del gas y la gran penetración de renovables hace que este sistema de precios ya no sea operativo.
Por ello, la propuesta de reforma del mercado eléctrico que el Gobierno de España ha enviado a la Unión Europea pretende solucionar los problemas del actual diseño. ¿Como? Pues principalmente fomentando los mercados de contratación a plazo mediante subastas que establecerán un precio fijo durante la vida útil de las instalaciones, mediante mercados de capacidad para gestionar las renovables, también regulando el precio para las tecnologías no contestables o extendiendo el mecanismo ibérico
En este sentido, la propuesta de la Comisión Europea comparte en gran medida la propuesta de reforma de mercado español, cuyo objetivo principal es colocar la defensa de los intereses de los consumidores, de la industria y de las empresas en el centro de esa transformación; reducir el impacto del precio del gas en el recibo y trasladar el bajo coste de las renovables a todos los consumidores.
Según la propia Secretaria de Estado, Sara Agaesen, «debemos tener un diseño de mercado acorde con el nuevo mix energético y es necesario modernizar el sistema de precios para construir un sistema resiliente ante situaciones complicadas, proteger a los consumidores de forma estructural, inmediata y de forma sostenible en el tiempo; y asegurar la competitividad de las empresas”
Para mayor abundamiento, el recientemente revisado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima mayora el compromiso de País con la lucha contra el cambio climático mediante la descarbonización fomentando las energías renovables, y establece que al menos el 81% sea generación eléctrica renovable en 2030
Por tanto, quedan por delante unos meses apasionantes, en los que se negociará esta reforma estratégica para todos los miembros de la Unión Europea, con el objetivo claro por parte del Gobierno de España de que sea bajo su Presidencia del Consejo de Europa cuando se pueda cerrar esta reforma, es decir, antes de que finalice el año 2023
Y, en este sentido, los objetivos del Ministerio de Transición Ecológica Y Reto Demográfico dirigido con mano firme por la Vicepresidenta tercera Teresa Ribera están claros, no hay bandazos, no hay dudas, hay una hoja de ruta y un proyecto de país basado en la electrificación, en las energías limpias y en la eficiencia energética. y todo ello, situando al consumidor en el centro. Como debe ser.
Artículo de opinión del vicesecretario general y de Transición Ecológica de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Manuel Miranda.
