María Elena, la mujer embarazada de 34 años de edad que este miércoles fallecía junto a su bebé tras ser agredida presuntamente con un arma blanca por su expareja, convivía con su agresor en el mismo domicilio familiar donde ocurrieron los hechos, situado en la calle Playa Cala Salions de Escalona (Toledo).
«Convivía con su expareja por las razones que fueran en el mismo domicilio», ha detallado en declaraciones a los medios el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, que este jueves se ha desplazado hasta la localidad toledana para participar en la concentración de condena por este suceso.
«Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar en el que convivían la víctima, el agresor y dos menores. La mujer falleció por las heridas producidas en el mismo domicilio y el bebé falleció de camino al Centro de Salud de Torrijos en la propia ambulancia, tras una cesárea de urgencia», ha detallado el delegado.
El agresor, detenido en la noche de este miércoles, se encuentra en dependencias de la provincia de Toledo, a la espera de pasar a disposición judicial. Es la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia Provincial de Toledo la que se ha hecho cargo de los aspectos más importantes de la investigación.
Dicho esto, y como «aspecto preocupante», Tierraseca ha señalado que el agresor contaba con antecedentes por una denuncia ante un juzgado de Móstoles (Madrid), por una supuesta agresión se produjo en 2009, hace 13 años. «No sabemos por qué motivos el juzgado de Móstoles decretó que no iban a tomar ninguna medida de protección y se sobreseyó y archivó la causa», ha explicado Tierraseca, que ha añadido que muchas veces esto ocurre porque es la propia víctima la que no ratifica esa denuncia.
«Se caen todas las medidas de protección en las vistas orales ante jueces por no ratificar la denuncia; eso es lo que más preocupa», ha reconocido.
TOMAR CONCIENCIA DE LA MAGNITUD DEL PROBLEMA
Con todo, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha incidido en la importancia de que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la magnitud del problema» que implica la violencia de género.
«Este año ya son siete las mujeres fallecidas en Castilla-La Mancha a manos de su pareja o expareja, sin contar con el bebé –ha dicho en alusión al fallecido este miércoles–. Hay que tomar conciencia de esta magnitud que significa que hoy 3.826 mujeres en Castilla-La Mancha necesitan algún tipo de protección por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local».
«Es la magnitud de lo que vivimos, en la provincia de Toledo hay 1.433 con orden de protección, pese al esfuerzo realizado por parte de todas las administraciones que acudimos unidas a actos como el de hoy y al trabajo diario que se realiza a través del fortalecimiento y mejora de los sistemas de protección, VioGén, o el protocolo de protección cero», que, según ha explicado, implica que la Guardia Civil y la Policía Nacional actúan en caso de que la víctima no presente denuncia llevando al presunto agresor a dependencias policiales.
«Pese a ello, hoy es un día de frustración por no haber podido llegar a tiempo de proteger a María Elena», ha admitido el delegado del Gobierno, que ha indicado que todas las mujeres tienen que tener la convicción, «y de eso tenemos que ser garantes las administraciones públicas», de que van a tener la protección necesaria para poder ratificar ante los jueces las denuncias que pongan ante la Policía o la Guardia Civil.
«Nos tenemos que encargar de que llegue el mensaje de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a velar para que no sufran ninguna represalia por ratificar esa denuncia», ha insistido Tierraseca, consciente de que «hay que trabajar día a día para garantizar el fortalecimiento de las medidas de protección de todas las mujeres que puedan ser objeto de algún tipo de violencia».
