Pedro Sánchez ha reiterado la oposición del Gobierno de España a la guerra en Oriente Próximo, considerándola un fracaso del uso de la fuerza y defendiendo que la única salida es una solución dialogada basada en el derecho internacional. Ha destacado que las consecuencias del conflicto están afectando a España y Europa, con un aumento de 24.000 millones de euros en el coste de la importación de combustibles fósiles desde su inicio.
En respuesta, ha abogado por medidas europeas para afrontar la crisis derivada de este conflicto, protegiendo a los ciudadanos más vulnerables, así como a empresas, agricultores y ganaderos, que sufren el alza de precios de los fertilizantes. Sánchez propuso un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios del sector energético y un nuevo instrumento financiero inspirado en RePowerEU para invertir en la transición verde. También sugirió extender los fondos NextGenerationEU por un periodo de 6 a 12 meses para reforzar las inversiones anticrisis en electrificación y transformación energética.
Defensa del derecho internacional
El presidente del Gobierno enfatizó que la crisis generada por esta guerra ilegal evidencia la necesidad de que Europa, como proyecto multilateral de paz, defienda el respeto al derecho internacional. Advirtió que la «ley del más fuerte» resulta en un mundo inestable, como se observa actualmente en la región.
Sánchez instó a buscar soluciones políticas al conflicto palestino-israelí y condenó la situación en Cisjordania. Defendió una mayor implicación de la Unión Europea en el Líbano y reafirmó el compromiso de España con la estabilidad de Siria. Además, pidió que no se desvíe la atención de lo que ocurre en Palestina, sugiriendo medidas eficaces contra Israel, como nuevas sanciones o la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE. Por último, celebró el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y subrayó la importancia de discutir su adhesión a la Unión Europea.
