La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, manifestó su confianza en que Castilla-La Mancha se unirá al Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, afirmando que no tiene «ninguna duda» sobre esta incorporación. Durante un evento de ‘LAB, Laboratorios de conversación’ en Guadalajara, la ministra abordó la situación de la vivienda en la región, destacando que la falta de recursos económicos no puede ser una excusa para no implementar políticas efectivas en este ámbito.
Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de reconocer la diversidad de situaciones en Castilla-La Mancha, que varían entre localidades como Guadalajara, el Corredor o municipios de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Aseguró que el Gobierno central ha estado comprometido con la región, transfiriendo más de 246 millones de euros durante los últimos cuatro años para políticas de vivienda, de los cuales se han ejecutado aproximadamente el 83%.
También abogó por la inclusión de otras comunidades autónomas en el pacto por la vivienda, señalando la importancia de no perder esta oportunidad y su interés en proporcionar el apoyo necesario a las comunidades que todavía no se han sumado.
Respecto al aumento de los precios de la vivienda en provincias como Guadalajara y Toledo, la ministra reconoció la complejidad de la solución y subrayó que el Gobierno está trabajando para ofrecer herramientas que consoliden el derecho a la vivienda, a través de una oferta pública que ayude a regular el mercado.
Rodríguez expresó una visión optimista sobre el futuro de Castilla-La Mancha, resaltando su crecimiento económico y el compromiso del gobierno regional con los avances sociales. Afirmó que confía en que los problemas de acceso a la vivienda se superarán y que el derecho a la vivienda se consolidará una vez que se supere la crisis actual.
En términos de acciones concretas, se refirió a la licitación reciente de 154 viviendas en Guadalajara y a un convenio que permitió la creación de 156 viviendas en Aguas Vivas. Sin embargo, lamentó la reducción del número inicial de viviendas planeadas y llamó a hacer uso del suelo disponible para la construcción de más viviendas asequibles. También instó a los ayuntamientos a agilizar las licencias de obra pública y abordar el deterioro de las viviendas en zonas rurales.
Finalmente, la ministra mencionó que se han destinado más de 6,4 millones de euros para la adquisición de viviendas en municipios de menos de 10,000 habitantes y más de 46 millones en ayudas para proyectos locales de energía limpia en localidades de menos de 5,000 habitantes, lo que resalta el enfoque integral del Gobierno en la problemática de la vivienda en España.
