El PSOE atraviesa un momento especialmente delicado. Los titulares sobre casos de corrupción y comportamientos machistas de algunos dirigentes han alimentado un clima de desgaste que la oposición aprovecha para exigir dimisiones y elecciones anticipadas. Hasta aquí, nada que no forme parte del juego democrático. Lo preocupante es que, a este ruido externo, se suman ahora voces internas que cuestionan la legitimidad de los procesos democráticos del propio partido.
La federación socialista de Castilla-La Mancha, y en particular el Gobierno regional, ha adoptado en los últimos días una posición de confrontación abierta con la dirección federal. Como militante de base, observo con perplejidad cómo esta dinámica interna coincide con un momento en el que la acción del Gobierno de España recibe reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras por sus avances en igualdad, empleo, pensiones y bienestar social.
La polémica ha alcanzado un punto especialmente grave con las declaraciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha afirmado que “se inflaron los censos de votantes” en las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez la Secretaría General del PSOE. Una acusación de tal calibre exige pruebas sólidas. Y, como alguien que fue portavoz de la candidatura de Pedro Sánchez en la provincia de Ciudad Real, puedo afirmar con rotundidad que ese proceso fue limpio, transparente y escrupulosamente vigilado por interventores de todas las candidaturas.
Conviene recordar que los censos quedaron fijados durante la recogida de avales. Nuestra candidatura incluso intentó reincorporar a militantes que habían causado baja para que pudieran participar, y no fue posible. Resulta, por tanto, difícil sostener la tesis de una supuesta manipulación en la dirección que sugiere la consejera.
Quienes participamos en aquella campaña sabemos bien lo que ocurrió. Recorrimos la provincia en nuestros propios coches, celebramos reuniones interminables, debatimos con pasión y nos organizamos como pudimos, a veces con más entusiasmo que estructura. Éramos un grupo de militantes convencidos de que la destitución del secretario general había sido una injusticia y de que la militancia debía recuperar su voz. Y así fue: la militancia habló, y habló alto.
De los cerca de trescientos militantes que formamos aquel improvisado “ejército de Pancho Villa”, apenas uno ocupa hoy un cargo institucional. El resto volvimos a nuestra vida cotidiana, con el orgullo de haber defendido un proceso democrático que permitió después la formación de gobiernos progresistas que han mejorado la vida de millones de personas.
Por eso sorprende —y duele— que desde un gobierno socialista se ponga en duda la legitimidad de aquel proceso. Quien no confía en los mecanismos democráticos del partido difícilmente puede defender con coherencia la ideología que lo sustenta. Y quien lanza acusaciones tan graves sin pruebas debería asumir responsabilidades políticas.
La militancia merece respeto. Y la verdad, también.
Manuel Ortega Cantero
Ex portavoz de la candidatura de primarias de Pedro Sánchez en la provincia de Ciudad Real
Catedrático de Universidad de Informática de la Universidad de Castilla – La Mancha
