El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública, ha dado un paso significativo hacia la creación de empleo en el sector público. En una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2025, se aprobó la Oferta de Empleo Público (OEP) para el próximo año, que incluye un total de 3.804 plazas, abarcando tanto al personal funcionario y laboral de la administración general, como al personal docente no universitario y al personal estatutario del SESCAM.
La propuesta fue respaldada por la mayoría de los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación, presidida por el director general de Función Pública, José Narváez. Este encuentro también contó con la participación de destacados representantes de los recursos humanos en educación y en la sanidad pública, lo que subraya la importancia del consenso en la definición de esta oferta.
La distribución de las plazas de la OEP se presenta de la siguiente manera: 1.303 plazas en la administración general, que incluyen 827 para personal funcionario y 476 para personal laboral, así como 910 plazas en educación, y 1.591 en el SESCAM. Destaca la intención de incluir a personas con discapacidad, reservando un siete por ciento del total de las plazas para este grupo, lo que refleja un compromiso con la inclusión y la diversidad.
Este acuerdo será elevado al Consejo de Gobierno, donde se someterá a aprobación por parte de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. La aprobación de esta oferta se enmarca dentro de un continuo esfuerzo del Gobierno regional por fortalecer los servicios públicos, con más de 30.000 plazas de empleo público aprobadas desde 2015.
La reducción de la tasa de temporalidad en la administración pública es uno de los objetivos fundamentales de esta OEP. Castilla-La Mancha ya se destaca por tener una de las tasas de temporalidad más bajas de España. Con estas medidas, se busca no solo consolidar las plantillas, sino también fomentar la promoción interna y ofrecer oportunidades de empleo a quienes enfrentan barreras, como las personas con discapacidad. En definitiva, esta oferta de empleo pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al elevar la calidad de los servicios públicos ofrecidos por la Administración regional.
