El Ministerio de Sanidad ha decidido imponer de manera unilateral el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud a partir del próximo miércoles, tras el desacuerdo en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde no se consiguió llegar a una conclusión conjunta con las comunidades autónomas respecto a la propuesta inicial que incluía también residencias y farmacias.
Esta decisión se apoya en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla la posibilidad de establecer actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Las autoridades han precisado que la medida se aplicará exclusivamente en hospitales y centros de atención primaria, excluyendo, por el momento, otros espacios que formaban parte del debate original.
Ante la disensión surgida en la reunión, el Ministerio ha habilitado un plazo de 48 horas para que las comunidades autónomas presenten alegaciones o propuestas adicionales, como la posible extensión de la obligatoriedad al uso de mascarillas en farmacias.
«Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud», afirmó Mónica García, titular de Sanidad, señalando además que esta normativa es una medida «efectiva» y cuenta con el apoyo de «la evidencia científica y la población».
La aplicación de la medida se ha encontrado con opiniones divididas entre las comunidades autónomas. Mientras Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia ya habían optado por la obligatoriedad del uso de mascarillas, otras administraciones como Castilla y León se han mostrado en contra, prefiriendo que la medida se mantenga simplemente como recomendación.
Sanidad ha subrayado también la necesidad de dar un soporte jurídico a aquellas comunidades que ya han instaurado el uso de mascarillas en sus sistemas sanitarios. Entre las críticas, algunas comunidades han considerado la reunión del CISNS como «decepcionante» y han lamentado la creación de una sensación de alerta injustificada entre la población.
La región de Madrid continuará con la estrategia actual de recomendar el uso de mascarillas en casos sintomáticos o población vulnerable, mientras que otras comunidades, como País Vasco, han insistido en que cualquier propuesta debe respetar sus competencias y estar basada en criterios técnicos.
Andalucía y Galicia han mostrado su rechazo al documento propuesto, criticando la falta de rigor técnico y la premura en la convocatoria de la reunión. Por su parte, La Rioja considera la medida como «recomendable», pero condicionada a la incidencia de enfermedades respiratorias.
Baleares no descarta aplicar la obligatoriedad si la situación epidemiológica lo demanda, y Navarra está a favor de aconsejar su uso en centros sanitarios, especialmente entre personas con síntomas respiratorios.
En cuanto a la situación actual, el uso de mascarillas en lugares públicos ya no es mandatorio en muchas comunidades, salvo en ciertos casos donde se sugiere su empleo como medida preventiva para personas con sintomatología o en entornos que albergan individuos vulnerables. Con esta nueva directiva del Ministerio de Sanidad, se anticipa un cambio en la política de contención de virus respiratorios en el ámbito de la atención sanitaria.
