La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor el día de mañana, salvo en el caso de los incentivos fiscales aplicables en el IRPF para alquileres de inmuebles destinados a vivienda, que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
Después de meses de negociaciones entre el Gobierno de coalición y los grupos parlamentarios, el Ejecutivo ha logrado aprobar una de las leyes clave de esta legislatura. Esta es la primera Ley estatal de vivienda en la historia democrática y es una de las reformas clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como un requisito acordado con la Comisión Europea para la asignación de los fondos del programa «Next Generation EU».
Entre otras medidas, la Ley de Vivienda establece nuevos límites a la subida de precios de alquiler en toda España, reduce de diez a cinco inmuebles la figura de un gran tenedor de viviendas en ciertos casos y evita que estos propietarios desalojen a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y aumenta hasta el 3% en 2024 para crear un nuevo índice de referencia que se aplicará al territorio fuera del IPC, antes del 31 de diciembre del próximo año.
Además, la nueva ley introduce una serie de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador es un gran tenedor de inmuebles. De esta forma, los desalojos no podrán realizarse sin una hora y fecha específicas.
En términos fiscales, se establece una mejora en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler habitual de viviendas a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
Asimismo, se introduce una definición clara para que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que hayan estado vacías durante más de dos años y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en dicha situación.
Otra de las medidas relevantes es la creación del Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo del Estado que tendrá como objetivo asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Además, se establecen regulaciones para la protección permanente de las viviendas protegidas y se refuerza el papel de los registros de demandantes para el acceso a la vivienda protegida y la fijación de los criterios objetivos de adjudicación.
En definitiva, la Ley por el Derecho a la Vivienda es una iniciativa importante en el ámbito social que busca mejorar la situación de acceso a la vivienda en España y ampliar las oportunidades para poder adquirirla o alquilarla a precios asequibles.
