La futura Ley de Simplificación Administrativa revolucionará la forma en que la Administración regional de Castilla-La Mancha interactúa con la ciudadanía. El proyecto de ley, actualmente en desarrollo por el Ejecutivo, incluirá el silencio administrativo positivo como regla general, lo que agilizará los trámites y mejorará la respuesta a las demandas de la población.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que esta nueva normativa busca convertir a la Administración en un aliado para la ciudadanía, eliminando obstáculos y simplificando procesos. Entre las novedades que contempla la ley se encuentra la sustitución de autorizaciones y licencias por la declaración responsable, permitiendo a los ciudadanos y empresas poner en marcha actividades económicas sin la necesidad de esperar por trámites burocráticos.
La intención es responder de manera más ágil a las demandas de la ciudadanía y garantizar que la Administración sea percibida como un agente proactivo. En ese sentido, la futura ley también incluirá la implementación del ‘Espacio Ciudadano’, un espacio digital que permitirá a los ciudadanos acceder a los servicios que ofrece el Gobierno regional de forma sencilla y sin necesidad de trámites físicos.
El uso de la Inteligencia Artificial jugará un papel crucial en esta iniciativa, permitiendo a la Administración utilizar datos previamente autorizados por la ciudadanía para facilitar prestaciones, ayudas o servicios sin que estos tengan que ser solicitados. Además, se buscará generalizar el uso de entidades colaboradoras de la Administración en diversas áreas, siguiendo el modelo ya implementado en Urbanismo.
La futura Ley de Simplificación Administrativa representa un paso adelante en los cambios normativos impulsados por el Gobierno regional en los últimos años. Con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, esta normativa busca consensuar con los agentes sociales y convertir a la Administración en un aliado para la ciudadanía. Se espera que el articulado de la ley sea remitido a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria en el año 2024.
