El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la Proposición de Ley sobre la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. La norma recibió el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, mientras que Vox se posicionó en contra durante el debate.
El diputado socialista Antonio Sánchez Requena defendió el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destacando que la normativa es un reflejo de consenso y diálogo entre los partidos mayoritarios. Según Requena, «para poder ir de la mano hay que practicar mucho el diálogo», y subrayó que la Ley se basa en criterios de igualdad, asegurando que todas las organizaciones que busquen representatividad deberán cumplir las mismas condiciones. Además, afirmó que la Proposición de Ley cumple con lo estipulado en la Constitución, subrayando la importancia de la audiencia a los ciudadanos a través de organizaciones reconocidas.
El presidente del Grupo Parlamentario Vox, por su parte, criticó la Ley, considerándola una «maniobra torticera» de PSOE y PP y argumentando que no garantiza la representatividad del sector agrario. Vox exige que se convoquen elecciones en el campo en un plazo de dos años y ha presentado solicitudes para paralizar la tramitación de la Proposición de Ley, argumentando que es necesaria una audiencia pública y un dictamen del Consejo Consultivo.
Desde el PP, el diputado Santiago Lucas-Torres defendió que la Ley responde a la realidad del sector agrario y no a intereses políticos. Destacó la importancia de una representación legítima y profesional en el campo, afirmando que «sin campo no hay alimentos» y manifiesta el compromiso de su partido con una representación agraria justa.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, calificó la aprobación de esta Ley como un «paso firme y necesario» para modernizar el diálogo entre el sector agroalimentario y la administración. Reiteró que esta normativa busca llenar un vacío legal que ha perdurado durante más de 45 años y prometió que ofrecerá un procedimiento claro y adaptado a la realidad del sector en la región.
La aprobación de esta Proposición de Ley marca un hito en la legislación agraria de Castilla-La Mancha, siendo la primera comunidad autónoma en legislar sobre la representatividad agraria, buscando así establecer una mayor certidumbre y claridad en las relaciones entre las organizaciones agrarias y la administración.
