El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, que hoy se debate y vota en el Parlamento autonómico, impulsa una reducción fiscal para favorecer a las familias y empresas de la región sin recortar en servicios públicos.
Durante el Pleno de las Cortes, Ruiz Molina ha explicado que esta norma -conocida como Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2022- se estructura en dos capítulos. El primero, ha continuado, “regula una batería de medidas tributarias, que afectan tanto a los tributos cedidos como a los propios de la Junta de Comunidades y cuyo objetivo es adecuar el esfuerzo fiscal a la capacidad económica de determinados colectivos, fundamentalmente a las familias y a las personas con discapacidad, y favorecer la actividad económica rebajando la presión fiscal para determinadas actuaciones empresariales”. Y ha añadido que el segundo capítulo contiene “un paquete de medidas de carácter administrativo, que tratan de mejorar el funcionamiento de la Administración regional”.
El consejero ha precisado que el texto incluye el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región y recoge la eliminación de 19 tasas, entre ellas las correspondientes a las licencias de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, lo que afectará a unas 80.000 licencias, además de otras relacionadas con exámenes de pruebas selectivas, servicios administrativos generales, transportes de carretera y control de calidad de la edificación.
Del mismo modo, ha señalado que contiene un conjunto de deducciones fiscales, con carácter progresivo y solidario, en el IRPF y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que tienen una incidencia directa en las familias y en la actividad económica de Castilla-La Mancha.
Medidas tributarias dirigidas a familias
En lo que respecta al bloque destinado a las familias, con esta norma se aprueba una deducción de 200 euros de la cuota íntegra autonómica a familias monoparentales, que se suma a la ya existente para las numerosas, así como una nueva deducción del 15 por ciento de la cuota íntegra autonómica por gastos de guardería o centros de educación infantil a contribuyentes con hijos o hijas menores de tres años.
También se extiende la deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual, hasta ahora prevista solo para los menores de 36 años, a familias numerosas y monoparentales y a personas con discapacidad. De igual modo, se extiende dicha deducción a determinadas operaciones de dación en pago. Igualmente, se aprueba un tipo súper reducido del cinco por ciento a las transmisiones de inmuebles para la adquisición de vivienda habitual para personas menores de 36 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o para familias numerosas o monoparentales.
En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se aprueba un tipo súper reducido del 0,5 por ciento de las primeras copias de escrituras y actas notariales para transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de vivienda habitual para menores de 36 años, personas con un grado de discapacidad del 65 por ciento o más, así como para familias numerosas o monoparentales.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que las medidas tributarias que tengan relación con el IRPF se podrán aplicar con efectos retroactivos al 31 de diciembre de 2021 y, por tanto, podrán incluirse en la declaración de la renta que se haga este año, referida a 2021.
Medidas tributarias dirigidas a empresas
Respecto a las empresas, se aprueba, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, un tipo súper reducido del cinco por ciento a la transmisión de la totalidad o parte de una o más viviendas a una empresa inmobiliaria o constructora para su venta, así como a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, y una deducción del 100 por ciento, hasta un límite de 3.000 euros, en la cuota gradual del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las primeras copias de escrituras notariales para adquisición de locales como sede de una actividad empresarial o negocio profesional.
También en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se recoge una nueva bonificación del 50 por ciento de la cuota tributaria para las primeras copias de escrituras y actas notariales para actos de agrupación, agregación, segregación o división de suelos destinados a uso industrial o terciario.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en que estas medidas se suman a las aprobadas en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y en que las deducciones fiscales recogidas en ambos textos van a suponer en 2022 unos beneficios fiscales de 41 millones de euros.
Finalmente, el consejero ha incidido en que esta menor recaudación se compensará con el volumen de recursos ahorrado con la renegociación de la deuda, estimada en unos 50 millones de euros para este ejercicio. “Por tanto, no solo vamos a mantener la congelación de la presión fiscal, como lo estamos haciendo desde 2015, cumpliendo el compromiso adquirido por el presidente García-Page con los agentes sociales, sino que la vamos a reducir”, ha subrayado.
“Y esa reducción fiscal la vamos a llevar a cabo sin necesidad de recortar en los servicios públicos que presta la Administración regional”, ha asegurado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, a la vez que ha resaltado que esta Ley de acompañamiento “es el complemento perfecto a la Ley de Presupuestos para 2022 para conseguir dar respuesta a los principales retos y demandas del conjunto de la sociedad”.
Medidas administrativas
En lo que respecta a las medidas administrativas, Ruiz Molina ha indicado que se define el concepto de inmueble desocupado con carácter permanente de uso residencial. De este modo, se desarrolla la posibilidad legal, establecida en la normativa local, de que los ayuntamientos incrementen el IBI de las viviendas vacías dentro de los requisitos y límites establecidos por la normativa básica del Estado, fomentando así la movilización del parque de viviendas residenciales que se encuentre desocupado.
También se habilita al Gobierno regional a tramitar mediante el procedimiento de concesión directa sin limitación presupuestaria la subvención autonómica que otorga de manera complementaria a las ayudas estatales para la contratación de pólizas de seguros agrarios combinados y se modifica nuestra legislación en materia de economía circular para adaptarse a las actuaciones que el Gobierno de España está desarrollando, principalmente, en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.
Estas medidas se complementan con las enmiendas presentadas por el grupo socialista, entre las que el consejero ha destacado el establecimiento de una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024, “con la finalidad de ordenar de manera adecuada este sector económico tan fundamental para Castilla-La Mancha”, y la reserva de un máximo del 20 por ciento de las plazas convocadas a la categoría de Policía Local para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería.
