En un movimiento que ha generado controversia a nivel internacional, el Parlamento israelí, la Knéset, ha aprobado definitivamente un proyecto de ley que prohíbe la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA) en Israel. Este paso, impulsado por los diputados Yulia Malinovsky de Yisrael Beytenu y Dan Illouz junto con Boaz Bismuth de Likud, revoca un acuerdo fundacional de 1967 y se enfrenta directamente a las súplicas de la comunidad internacional, incluidas figuras como el presidente estadounidense Joe Biden y las propias Naciones Unidas.
La medida no solo impide que la UNRWA opere dentro de Israel, sino que también restringe sus actividades en los territorios ocupados, incluida la Franja de Gaza, donde la ayuda humanitaria es crucial para la supervivencia de sus habitantes. Aprobada tras dos lecturas en el Parlamento, con un aplastante voto de 92 a favor y solo 10 en contra, la legislación ha suscitado un intenso debate en el país, con acusaciones de fascismo por parte del diputado de Hadash-Taal, Ahmad Tibi, y reacciones efusivas de miembros de Likud.
La Knéset, volviendo de su receso más largo con esta votación como uno de sus primeros actos, responde así a las acusaciones contra la UNRWA de tener lazos con Hamás, especialmente después de los ataques del 7 de octubre que resultaron en la pérdida de 1.200 vidas israelíes. A pesar de una investigación independiente encargada por la ONU que no encontró pruebas concluyentes de dichas acusaciones, Israel persiste en su visión crítica hacia la agencia.
La decisión de la Knéset llega junto a un segundo proyecto legislativo en el horizonte, que apunta a revocar la exención fiscal y el estatus de inmunidad de la UNRWA, además de intentar etiquetarla como una “organización terrorista” por sus supuestos vínculos con Hamás.
El presidente palestino Mahmud Abás ha expresado su firme oposición a estas medidas, advirtiendo que la prohibición de la UNRWA cruza una «línea roja» y que la cuestión de los refugiados es central para la causa palestina, insistiendo en que no puede haber una solución justa sin abordar apropiadamente el tema de los refugiados.
Estas acciones han aumentado las tensiones en la región, generando preocupación entre los observadores internacionales sobre el futuro de la ayuda humanitaria en los territorios y la perspectiva de una solución pacífica al conflicto israelí-palestino. Las implicaciones de la prohibición de la UNRWA en Israel y los territorios ocupados se mantienen inciertas, planteando interrogantes sobre cómo afectará esto a los miles de refugiados que dependen de su apoyo.
