El reciente fallo del Tribunal de Roma, que exige el retorno a territorio italiano de una docena de migrantes alojados en centros de retención en Albania, ha encendido un intenso debate entre el Gobierno de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni y la Justicia del país. Este fallo representa un contratiempo significativo para el Ejecutivo de Meloni, justo después de activar un acuerdo con Tirana que busca deslocalizar la gestión de la acogida, la petición de asilo y la repatriación de migrantes.
Este acuerdo, que ha sido objeto de atención y debate en toda Europa, ha generado críticas no solo dentro del espectro político italiano, sino también en la esfera judicial, evidenciando un conflicto de competencias entre el poder ejecutivo y el poder judicial en Italia. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha anunciado que el Gobierno impugnará la decisión del Tribunal, insistiendo en continuar con su política de externalización migratoria hacia Albania. La primera ministra Meloni ha expresado su descontento ante lo que considera una actitud «prejuiciosa» de la Justicia, la cual ve ahora como una forma de oposición política.
La controversia se profundiza con las declaraciones de otros miembros del Gobierno, como el vicepresidente Matteo Salvini y Antonio Tajani, titular de Exteriores, quienes defienden la validez y la necesidad de seguir adelante con el plan, amparándose en una supuesta sintonía con la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, favorable a la iniciativa italiana. En contraste, el modelo ha sido rechazado por líderes europeos como el primer ministro francés, Michel Barnier, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes argumentan impedimentos jurídicos e institucionales para su implementación en Francia.
La sentencia del Tribunal de Roma, basada en el argumento de que Bangladesh y Egipto (países de origen de los migrantes en cuestión) no son considerados seguros y que sus detenciones en Albania no cumplieron con los estándares requeridos por la ley europea, ha sido recibida con júbilo por la oposición. Esta última ha solicitado al Gobierno de Meloni que abandone su controversial plan, criticado por ser costoso y considerado ilegal por sus detractores.
Este episodio destaca la creciente tensión entre la agenda política de Meloni y las salvaguardas judiciales y éticas, en un momento en que Europa observa atentamente las políticas migratorias y los principios de derecho internacional y humanitario. La escalada del conflicto entre el poder ejecutivo y judicial en Italia pone de relieve los dilemas que enfrentan los Estados-nación al manejar la migración en un contexto global complejo, marcado por la urgencia humanitaria y las responsabilidades internacionales.
