El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado este martes, por décimo año consecutivo, su convenio de colaboración con Cruz Roja para implementar el Plan de Pobreza Energética en la región. Este acuerdo, con una dotación económica de 500.000 euros, tiene como objetivo garantizar el suministro eléctrico a familias que se encuentran en situación de pobreza severa.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha destacado que este convenio refuerza la red de protección social y subraya la efectividad de la colaboración entre la Administración y el Tercer Sector. La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, firmó el convenio junto al presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, Jesús Esteban. Martín indicó que este convenio se ha mantenido desde 2016, resaltando que se trata de 10 años de colaboración ejemplar. Según sus palabras, «cuando trabajamos juntos, obtenemos extraordinarios resultados».
El Plan de Pobreza Energética permite que los equipos profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria actúen de forma eficiente ante situaciones críticas, con la posibilidad de abonar recibos impagados de hasta 200 euros y evitar cortes de suministro eléctrico. En caso de que ya haya ocurrido un corte, el servicio se restablece en un plazo máximo de 24 horas.
La viceconsejera Martín aseguró que este programa está bien implantado en toda Castilla-La Mancha y opera «con precisión y eficacia». «Ningún hogar vulnerable se queda sin luz si acude a los servicios sociales. Esa es nuestra garantía», afirmó.
En el año 2024, se otorgaron 2.335 ayudas que beneficiaron a 8.734 personas, de las cuales 4.191 eran menores, lo que representa un 48% del total. Martín confirmó que el presupuesto se ejecutó al 100%, evidenciando la necesidad real de apoyo a familias con hijos en situación de pobreza severa.
Desde su inicio en 2016, el Plan de Pobreza Energética ha otorgado 40.000 ayudas, impactando directamente en más de 140.000 personas, de las cuales 66.728 son menores de edad. Además, esta medida es totalmente compatible con el bono social eléctrico, gestionado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, del que se benefician más de 80.000 familias en la región.
