El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, se mostró firme en su convicción de que el aeropuerto de Ciudad Real no se convertirá en un centro de recepción de personas migrantes. En declaraciones realizadas tras la inauguración de nuevos carriles bici en Puertollano, Caballero argumentó que este espacio enfrenta un rechazo institucional y confía en que el Gobierno de España tendrá la «sensibilidad» necesaria para buscar alternativas adecuadas.
Caballero enfatizó que tanto las administraciones como el Gobierno regional coinciden en que el aeropuerto de Ciudad Real no es un lugar adecuado para acoger a personas migrantes, instando a no politizar la cuestión. «Esperemos que no haya pescadores en río revuelto que quieran utilizar el asunto de la inmigración con fines partidistas», afirmó, destacando la necesidad de mantener un enfoque institucional en este tema.
El vicepresidente también abogó por un mensaje claro respecto a la inmigración, considerándola como un fenómeno positivo para España. Mencionó el modelo adoptado durante la crisis de refugiados de Ucrania, donde se logró acoger a 200,000 personas en un corto período sin necesidad de grandes infraestructuras. «Me preocupan mucho los repentinos brotes de humanidad en gentes que luego no lo demuestran en el día a día y que incluso trasladan mensajes de odio que no podemos consentir», añadió Caballero.
En el mismo acto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, apoyó la idea de defender los derechos humanos sin fisuras en el ámbito de la inmigración.
Además, se informó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado una diligencia previa para evaluar un posible expediente sancionador a la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real. Esta compañía contará con cinco días hábiles para presentar la documentación relevante después de que surgiera la polémica sobre su posible preparación de las instalaciones para acoger inmigrantes.
Caballero subrayó la importancia de salvaguardar los derechos humanos y evitar que la inmigración se convierta en otro instrumento de confrontación en la política española, abogando por una gestión compartida y transparente que no propicie el odio ni el miedo.
