El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha afirmado este lunes su convicción de que el aeropuerto de Ciudad Real «no va a acoger» un centro de recepción de personas migrantes. Según Caballero, la decisión cuenta con el rechazo institucional y confía en que el Gobierno de España mostrará «sensibilidad» para encontrar un modelo alternativo. Asimismo, ha solicitado que no se instrumentalice esta cuestión con fines partidistas.
Durante un acto de inauguración de nuevos carriles bici en Puertollano, Caballero subrayó que el Gobierno regional no ve el aeropuerto de Ciudad Real como un lugar adecuado para la acogida de migrantes, destacando un consenso entre las administraciones al respecto. «Esperemos que no haya pescadores en río revuelto que quieran utilizar el asunto de la inmigración con fines partidistas, ya que todos coincidimos en el plano institucional y ahí se tiene que quedar», enfatizó.
El vicepresidente expresó su confianza en que el aeropuerto no albergará finalmente un centro de acogida, «porque no queremos y porque creo en la sensibilidad del Gobierno de España». Además, hizo un llamado a la ciudadanía para enviar un mensaje «pedagógico» sobre la inmigración, considerándola «positiva» para el país y destacando la importancia de acoger a quienes llegan, inspirándose en modelos de acogida exitosos como el de Ucrania, que facilitó la llegada de 200.000 ciudadanos en un mes sin necesidad de grandes infraestructuras.
Nacho Hernando, consejero de Fomento, quien también asistió al acto, se alineó con estas declaraciones, recordando la necesidad de defender sin fisuras los derechos humanos en el contexto migratorio.
Por otro lado, se ha informado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado una diligencia previa para un posible expediente sancionador a la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real. Esta compañía tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentar la documentación necesaria después de que surgiera la polémica sobre sus posibles planes para adecuar las instalaciones para la recepción de migrantes. Caballero dejó claro que, si las explicaciones no son satisfactorias, se reservarían el derecho de realizar una inspección in situ. «Lo importante es salvaguardar los derechos humanos y evitar que la inmigración sea otra trinchera más en la política española, con una gestión compartida y transparente que no genere odios y miedos», concluyó.
