El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de recurrir en apelación la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo, que anuló la creación de 98 puestos de libre designación en la Junta de Comunidades. Estos puestos, que fueron establecidos en 2019, estaban destinados a diversas consejerías, así como a la Presidencia y la Agencia del Agua. La decisión judicial se produce en respuesta a las 10 demandas que presentó STAS-Intersindical.
El anuncio fue realizado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una rueda de prensa en la que se abordaron diferentes acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno. Ruiz Molina manifestó que, aunque respetan la sentencia, no la comparten y continuarán con el proceso de apelación conforme a la legislación vigente. El consejero subrayó que el fallo del juez se centra en el proceso de negociación, indicando que se consideró que no se otorgó el tiempo necesario a los sindicatos para revisar la propuesta presentada en 2019.
Respecto a las afirmaciones del STAS sobre el incremento de puestos en la administración regional entre 2015 y 2025, que ha pasado de 918 a 1.305, lo que representaría un aumento del 42%, Ruiz Molina sugirió que estas declaraciones están influenciadas por los partidos de oposición, aunque no especificó cuál. Reiteró que no tiene intención de discutir estas afirmaciones fuera del ámbito parlamentario y se limitó a calificar los datos como «no son verdad».
El Gobierno se mantiene firme en su postura sobre el proceso de provisión de puestos de trabajo y asegura que tomará las acciones adecuadas en defensa de su gestión y estructura administrativa.
