En una reciente entrevista con Radio Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se pronunció sobre la polémica en torno a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que está siendo tramitada por el Gobierno regional. Ruiz Molina rechazó las acusaciones de que esta norma podría implicar una «privatización encubierta» de los servicios públicos, tal como han denunciado algunos colectivos como la Junta de Personal Funcionario de la Administración autonómica.
Este miércoles, la Junta de Personal organizó protestas en las cinco provincias de la región, alegando que la ley en cuestión representa una de las privatizaciones más significativas de la historia de la Comunidad Autónoma. En respuesta a estas afirmaciones, Ruiz Molina sostuvo que tales inquietudes son una «amenaza permanente» que no se traduce en hechos concretos.
El consejero reiteró que la intención detrás de esta ley es «podar de burocracia a la administración», un objetivo que también comparte el presidente regional, Emiliano García-Page. Según Ruiz Molina, el legislativo busca simplificar los trámites administrativos para facilitar el contacto de los ciudadanos y las empresas con la administración, reduciendo así las molestias asociadas a la gestión de procedimientos.
«El objetivo es podar de trámites a la administración y facilitar que los trámites que haya que hacer con la administración sean los más sencillos posibles», destacó el consejero. Además, subrayó la importancia de la digitalización en este proceso, enfatizando que una administración más eficiente puede fomentar un entorno más atractivo para la inversión empresarial y, por ende, generar más empleo en la región.
A modo de ilustración, Ruiz Molina mencionó la revisión de informes de impacto medioambiental, un ejemplo de cómo diversas áreas de la administración están implicadas en estos procesos. «Lo hacemos también de forma egoísta, porque cuanto más sencillos sean estos procedimientos, más inversión podremos conseguir de la clase empresarial en nuestra región y, por lo tanto, más empleo. Está todo relacionado», concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno con la simplificación y modernización de la administración pública.
