El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha dado a conocer en su edición de este viernes la orden emitida por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que establece las normas y procedimientos necesarios para optimizar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2025. Esta medida busca asegurar una adecuada disciplina presupuestaria en la administración de las cuentas.
Los Presupuestos de este ejercicio tienen como objetivo principal seguir avanzando en la protección de los servicios y prestaciones esenciales vinculadas al Estado del Bienestar. Asimismo, se pretende crear un entorno que favorezca la dinamización de la economía, fortaleciendo el desarrollo empresarial y promoviendo la creación de empleo. Un enfoque particular se dirige al apoyo de las pequeñas y medianas empresas, así como al impulso del sector primario, que juega un papel clave en la economía regional. Además, se sigue prestando atención al reto demográfico, tal como ha informado la Junta de Comunidades en una nota de prensa.
Las cuentas del Gobierno regional para este año ascienden a 12.716 millones de euros, lo que representa una variación del 0,9 por ciento con respecto al año anterior. Esta cifra permitirá destinar 7.125 millones de euros, lo que se traduce en 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015, hacia la financiación de servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar, como la sanidad, educación y servicios sociales.
En términos de políticas dirigidas a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, el presupuesto supera los 3.080 millones de euros, lo que equivale a 1.200 millones más que en 2015, es decir, un incremento del 64 por ciento. Además, se contempla nuevamente en las políticas presupuestarias el impacto del reto demográfico, por lo que la Estrategia Regional frente a la Despoblación contará con una dotación de 2.037 millones de euros, un seis por ciento más que lo asignado en 2024. Esta cantidad se distribuirá en cuatro áreas clave: servicios públicos, ámbito económico, ámbito social y territorial.
