La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha expresado su deseo de que los colectivos que se oponen a la reactivación de las macrogranjas y al decreto de purines en la región mantengan una «cierta coherencia» en sus argumentos. Durante una reunión con el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, Gómez cuestionó cuántos de estos grupos representan realmente a las personas que habitan el entorno rural y viven la situación diariamente.
La titular del ramo reaccionó a las críticas recibidas por parte de colectivos vecinales y de Verdes Equo en torno a la posible concesión de licencias para la ampliación de macrogranjas y la instalación de plantas de biometano. Gómez hizo hincapié en la necesidad de considerar las opiniones de los agricultores y ganaderos que viven en el medio rural y que dependen de estas actividades para su subsistencia. «¿Realmente qué molestias son las que producen a los agricultores y ganaderos que viven en el medio rural, que están los 365 días del año y que necesitan, lógicamente, tener su trabajo y seguir viviendo en su entorno rural?», subrayó.
En cuanto a las solicitudes para explotaciones porcinas tras el levantamiento de la moratoria, Gómez indicó que, hasta el momento, no se ha registrado un aumento en las solicitudes, manteniéndose la «dinámica muy similar» a la previa a la moratoria. Actualmente, hay 61 explotaciones paralizadas que están siendo consultadas para determinar si desean continuar con sus proyectos. Gómez aclaró que el Gobierno regional deberá notificar el levantamiento de la suspensión de estos proyectos, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
La consejera reafirmó que el Gobierno regional no se interpondrá en el desarrollo de la ganadería y el sector cárnico en la región, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Destacó la relevancia del sector porcino en Castilla-La Mancha, que representa el 18% del PIB regional y genera numerosos empleos, no solo en la ganadería, sino también en la industria alimentaria vinculada. Gómez también mencionó que se ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental para permitir que los ayuntamientos definan el tipo de proyectos que desean, así como se ha implementado un decreto para la gestión de purines, buscando minimizar los olores y utilizar estos como abono orgánico en una región con suelos deficientes.
Finalmente, destacó que la normativa vigente en Castilla-La Mancha es la más restrictiva en toda España en este ámbito, consensuada con los sectores agrícola, ganadero e industrial, garantizando así el desarrollo sostenible de las explotaciones en la región.
