El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se agilicen las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), facilitando un anticipo del 70% para este año. Esta petición fue realizada durante la Conferencia Sectorial de Agricultura que tuvo lugar en Pamplona, donde el Consejero expresó su deseo de que, al igual que el año pasado, los pagos se realicen a partir del primer día posible, el 16 de octubre, a fin de proporcionar liquidez a los agricultores y ganaderos para sus explotaciones.
Además, en vistas a la próxima revisión del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), se ha requerido la inclusión de la agricultura ecológica dentro del primer pilar como un ecorregimen, con suficiente presupuesto para cubrir la demanda de solicitudes y promover la expansión de esta modalidad agrícola. La incorporación de la agricultura ecológica al primer pilar sería un paso clave para alcanzar los objetivos de la Unión Europea de incrementar la superficie destinada a este tipo de agricultura.
En otro ámbito, Castilla-La Mancha ha sido destacada por su labor en el fomento del relevo generacional en el campo, con casi 4.000 jóvenes incorporándose a la actividad agropecuaria en las dos legislaturas previas bajo el mandato de Emiliano García-Page. Para la presente legislatura, se ha establecido como meta 2.000 nuevas incorporaciones, y una primera convocatoria ya ha registrado más de 1.300 solicitudes, en gran medida gracias a un incremento en las ayudas disponibles. El consejero resaltó el atractivo del sector para las nuevas generaciones y la importancia de esta tendencia para el futuro del mismo en la región.
La administración regional también ha mencionado otras iniciativas de apoyo al sector como las ayudas a las inversiones en explotaciones y beneficios fiscales para las zonas despobladas contemplados en la Ley contra la Despoblación. En cuanto a los seguros agrarios, se ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma que los haga más atractivos y accesibles para los agricultores y se mejoren las normas de aseguramiento y peritación. En este sentido, en los últimos nueve años se ha triplicado, hasta alcanzar los 9,5 millones de euros, el presupuesto destinado a subvencionar la contratación de seguros, incrementando la protección frente a posibles siniestros y garantizando la viabilidad económica de las explotaciones.
