La Delegación de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades en Guadalajara ha instado nuevamente al Ayuntamiento de la capital a que actúe con rapidez en relación al deteriorado muro de la capilla Luis de Lucena, señalado como un problema de competencia municipal, ya que el mismo no está catalogado como elemento patrimonial. En esta última comunicación, el delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández-Montes, hizo hincapié en que, aunque las visitas a la capilla ya estaban restringidas debido a su mal estado, la Junta ha concedido autorización para cerrar las instalaciones, pese a que este acto fue cometido previamente de manera irregular.
Fernández-Montes aclaró que el Ayuntamiento debe encargarse de la demolición del muro, seguido de una solicitud formal con el correspondiente informe sobre la nueva estructura que se desee instalar, dado que la capilla está situada en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que requiere la autorización de Patrimonio. Subrayó que, si el Consistorio ha declarado el muro en «riesgo inminente de ruina», la responsabilidad recae exclusivamente en él, conforme a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que estipula que es la administración local la que debe actuar en tales situaciones.
«Las competencias son irrenunciables», enfatizó el delegado, tras ser aconsejado por los servicios jurídicos de la Delegación. Añadió que si el muro fuera un BIC, se podría tomar acción, pero al no serlo, cualquier eventualidad provocada por su estado recaerá en el Ayuntamiento. Sin plazos claros para la actuación solicitada, Fernández-Montes insistió en la urgencia de que el Consistorio actúe, señalando que es inaceptable que un BIC permanezca cerrado por un problema que podría resolverse rápidamente.
El pasado 23 de octubre, la Delegación emitió un informe al Ayuntamiento argumentando su responsabilidad sobre el muro y eximía a la Junta de la obligación de las visitas. Se apuntó también que se había requerido al Ministerio de Cultura, propietario de la capilla, que elimine las humedades, al tiempo que se instaba al Ayuntamiento a realizar las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad en la entrada de la capilla y reanudar las visitas.
El delegado puso de relieve que las acciones requeridas al Ayuntamiento son menores y expresó su apoyo a la colaboración, aunque mencionó que podría haber fallos en la comunicación interna de la administración al referirse a un informe técnico previamente solicitado. Con un tono irónico, se preguntó si los retrasos en la solicitud de documentos se debían a una ineficiencia en el envío. Por último, al ser cuestionado sobre las actuaciones en el Fuerte de San Francisco, explicó que en ese espacio no se habían visto afectadas las visitas y que las obras solicitadas al Gobierno regional no pertenecen a su departamento.
