La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha expresado sus felicitaciones a Julián Garde tras su reelección como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante una rueda de prensa, Padilla enfatizó el compromiso que Garde ha demostrado en sus últimos cuatro años en el cargo, destacando la importante labor que ha realizado en beneficio de la institución académica y, por ende, de la comunidad autónoma.
Bajo la dirección de Garde, la región se ha consolidado como «firme defensora de la educación pública y de la universidad pública», lo que representa una «oportunidad» para integrar de manera «absoluta» a la sociedad de Castilla-La Mancha con la universidad. Según Padilla, esto es esencial para que la institución continúe siendo el «epicentro del desarrollo social e intelectual» de la región.
En relación a este contexto, la consejera recordó que el Gobierno regional está trabajando en una nueva ley de universidades, cuya consulta pública se abrirá en enero. Esta ley busca equiparar los requisitos entre universidades públicas y privadas, como parte de los esfuerzos para «blindar» la universidad pública en Castilla-La Mancha. Padilla subrayó que el objetivo es evitar que la universidad se convierta en un «mercadeo», enfatizando su papel como instrumento de crecimiento y desarrollo para la sociedad y los jóvenes de la región.
Aprovechando la semana de la reelección de Garde, Padilla también hizo referencia a datos del Sistema Integrado de Información Universitaria difundidos por la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Según estos datos, Castilla-La Mancha lidera el esfuerzo de inversión en su universidad pública, destinando 7.163 euros por alumno, lo que representa un 32,6% del PIB per cápita de la región.
Además, la consejera mencionó la decisión de la Universidad Complutense de Madrid de eliminar grados, másteres y doctorados con bajo número de alumnos, debido a los recortes financieros que enfrenta. Sin embargo, aseguró que en Castilla-La Mancha las universidades no se verán obligadas a «vender su patrimonio» por la falta de financiación regional.
