La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha definido los servicios mínimos que se aplicarán en los centros de enseñanza no universitaria públicos debido a la huelga convocada por las organizaciones CSIF, STE y CCOO para el próximo miércoles, 11 de septiembre. La medida, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece criterios jurisprudenciales teniendo en cuenta la extensión territorial de la huelga, el personal afectado y otros factores relevantes.
El establecimiento de estos servicios mínimos pretende conseguir un equilibrio razonable entre las limitaciones impuestas a los huelguistas y los derechos de los usuarios de los servicios educativos. Se han considerado criterios como la edad, el número y las características del alumnado para garantizar la atención adecuada a los estudiantes que asistan a las aulas, sin comprometer el desarrollo normal de las clases.
La Consejería ha priorizado el derecho a la educación del alumnado y el derecho de los padres a ejercer su actividad laboral, dado que la huelga coincide con un día laborable. Asimismo, se busca proteger el derecho al trabajo del personal docente que no participe en la huelga y asegurar el cumplimiento de las normas mínimas de convivencia en los centros educativos.
El director de cada centro educativo deberá asegurar su apertura al inicio de la jornada escolar y designar, si es necesario, al personal que cumplirá funciones como servicios mínimos. Además, deberán comunicarse detalles sobre cómo se llevará a cabo el seguimiento de la huelga.
Para determinar el número de docentes que deben presentarse a trabajar durante la huelga, se han fijado ratios de alumnado por aula según el tipo de educación: en el segundo ciclo de Educación Infantil se establece un máximo de 22 alumnos por aula, 25 en Educación Primaria, 30 en Educación Secundaria Obligatoria, 15 en Programas de Diversificación Curricular, 32 en Bachillerato y 30 en Formación Profesional.
Se ha destacado la figura del jefe/a de estudios como clave en esta organización, debido a su papel en asegurar una convivencia adecuada y coordinar al profesorado disponible. En los colegios rurales y otras instituciones de educación, se han establecido protocolos específicos para garantizar una atención adecuada al alumnado.
Las residencias escolares requieren la presencia de un jefe de residencia para ofrecer la atención básica necesaria, y se ha subrayado que el incumplimiento de estos servicios mínimos puede dar lugar a sanciones según la normativa vigente.
Esta resolución tendrá efecto a partir del jueves y pone fin a la vía administrativa, aunque cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el Consejero de Educación o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
