El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado nuevamente la propuesta de rebaja fiscal presentada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, argumentando que dicha medida no solo provocaría un desajuste en las cuentas públicas, sino que, según el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, está diseñada exclusivamente en beneficio de quienes poseen mayor capacidad económica, en lugar de atender a las necesidades de la ciudadanía en general.
Durante un debate en el pleno de las Cortes, Ruiz Molina cuestionó la credibilidad fiscal del PP, señalando que sus propuestas representan un retorno a políticas del pasado que resultaron en recortes. «Ya viene Paco con las rebajas. Parece ser que para el señor Núñez ha empezado otra vez la campaña electoral», afirmó, remarcando que las promesas de bajadas fiscales del PP en el pasado se convirtieron en subidas de impuestos en varias localidades de la región. Así, criticó la propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones, que afecta actualmente al 2% de los contribuyentes, argumentando que, en cambio, perjudicaría a 65.700 contribuyentes con una reducción de bonificaciones.
El PP, por su parte, a través de su viceportavoz adjunto, Santiago Serrano, hizo hincapié en lo que consideran una «asfixia fiscal» en Castilla-La Mancha, y exigió al Gobierno que devuelva a los ciudadanos el esfuerzo extra que dicen haber realizado desde 2015. Propusieron medidas como deflactar los tramos del IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y reducir el de transmisiones patrimoniales, con la intención de equiparar su situación económica a la de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Paco Núñez, presidente del PP, reiteró su compromiso con la bajada de impuestos, argumentando que esto permitiría a los ciudadanos tener más dinero en sus bolsillos y, por ende, generaría un aumento del consumo y la recaudación. Anunció que, si no se aprueba su propuesta, implementaría estas medidas tras las próximas elecciones.
Desde Vox, el parlamentario Francisco José Cobo criticó tanto al PSOE como al PP por su gestión de la deuda pública, que supera los 16.000 millones de euros. Propuso centrarse en reducir el gasto en políticos en lugar de la presión fiscal, sugiriendo que la región se encuentra en una «quiebra técnica» que requiere de intervención financiera.
En respuesta, la diputada socialista Silvia Fernández destacó que el Gobierno regional ha congelado impuestos y se ha comprometido a reforzar el estado del bienestar y la actividad económica.
El debate concluyó con la votación de diversas enmiendas, nueve de las cuales fueron rechazadas, incluida la propuesta del PP y de Vox para crear un entorno fiscal favorable, mientras que la enmienda del PSOE, que busca mantener la presión fiscal actual, fue aprobada.
