El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado la importancia de asegurar una garantía presupuestaria suficiente para la Política Agraria Común (PAC) en la próxima programación, al menos comparable a la existente hasta ahora. Esta declaración se ha realizado durante el tercer encuentro de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Venecia, donde el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, afirmó que esta cuestión es primordial para los gobiernos de las naciones, autonómicos y para el propio sector agrario, que incluye a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.
Martín Lizán expresó que la reunión con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, evidenció una coincidencia entre las posiciones del comisario y las propuestas del Gobierno regional. El consejero destacó la necesidad de un sector agroalimentario robusto que garantice la soberanía y seguridad alimentaria, además de ser sostenible, lo que a su vez contribuiría a la rentabilidad de las explotaciones.
Además de la garantía presupuestaria, el Ejecutivo regional ha planteado otras demandas, como la definición clara de la figura del agricultor activo para determinar a quiénes deben dirigirse los fondos europeos. También se enfocan en fomentar la innovación y formación en el sector, así como en la aplicación de nuevas técnicas genómicas para enfrentar las dificultades agroclimáticas.
Martínez Lizán también abogó por una agricultura sostenible, destacando la importancia de los sumideros de carbono en el sector agropecuario. Según el consejero, estas prácticas podrían no solo absorber CO2, sino también generar ingresos adicionales sin costo para la administración. Además, se destacó la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes al sector, promoviendo que los agricultores jubilados puedan ceder sus tierras para que los nuevos entrantes modernicen las explotaciones.
En cuanto al sector vitivinícola, el consejero enfatizó el compromiso de Castilla-La Mancha con una reestructuración continua que responda a la demanda del consumidor, mencionando que en la última década se han reestructurado casi 90.000 hectáreas de viñedo, con un 70% de ellas destinadas a uvas blancas. Esta estrategia busca no solo adaptarse a las demandas del mercado, sino también asegurar la viabilidad de las cooperativas en el ámbito rural. Martínez Lizán abogó por un «arranque quirúrgico» de viñedos no rentables, para garantizar que no se comprometa la viabilidad de cooperativas esenciales para las comunidades locales.
