La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha obtenido una sentencia favorable que reconoce el derecho al cobro del complemento de itinerancia para el profesorado de religión, poniendo fin a la desigualdad que venía sufriendo este grupo en comparación con otros cuerpos docentes. El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca el 14 de enero, beneficia a una profesora de religión que trabaja en un colegio rural agrupado (CRA), permitiéndole recibir la retribución económica correspondiente al kilometraje, tal como lo hacen los profesores funcionarios.
CSIF denuncia que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha había estado incumpliendo el Convenio establecido con las Diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo, firmado en abril de 2010, que garantiza los mismos derechos a este personal laboral que a los funcionarios docentes. En palabras de Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, “la Consejería ha estado maltratando al profesorado de religión a sabiendas de que estaba haciendo las cosas mal, y lo ha hecho a propósito por un tema únicamente económico. Gracias a esta sentencia logramos la equiparación de derechos”.
CSIF ha interpuesto otros procesos judiciales por la misma problemática en todas las provincias de Castilla-La Mancha, y tras esta contundente sentencia, espera resultados favorables en cada uno de estos casos. La organización sindical insta a la Consejería de Educación a actuar de oficio y a reconocer este derecho de manera general para todo el profesorado de religión, además de allanarse en los procesos judiciales pendientes.
La sentencia no solo asegura el abono mensual del complemento de itinerancia, sino que también obliga a la Consejería a indemnizar a la profesora por el kilometraje acumulado desde el inicio del proceso. Además, CSIF ha presentado recursos administrativos en contra de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha debido a múltiples incumplimientos del Acuerdo de Itinerancias que afectan a todo el personal funcionario docente, incluyendo demoras en los pagos de kilometraje, que en algunos casos superan un curso académico.
Martínez concluye afirmando que “nos estamos encontrando con interpretaciones sesgadas del articulado del Acuerdo que llevan a cabo las administraciones educativas provinciales, siempre en contra del docente. Se está procediendo a reducir las compensaciones horarias y económicas a los docentes itinerantes, un colectivo que realiza una labor fundamental en zonas en riesgo de despoblación, utiliza su propio vehículo y enfrenta riesgos diarios en la carretera, y sin embargo la Administración les reduce derechos”.
