El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado que, en relación con los problemas de mantenimiento en la estación de autobuses de Toledo, la responsabilidad recae en el Ayuntamiento. Esther Padilla, portavoz del Ejecutivo regional, indicó que el Consistorio debe asumir la gestión de dicho mantenimiento, aunque reconoció que podría no estar de acuerdo con esta postura.
Durante una rueda de prensa, Padilla se refirió a las declaraciones del concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, quien anunció que el Ayuntamiento estaba considerando rescindir el contrato de gestión de la estación con la Junta, alegando «numerosos incumplimientos» respecto al mantenimiento. «Se les está diciendo lo mismo que ellas dicen a las empresas encargadas del mantenimiento de las escaleras mecánicas», enfatizó Padilla, insistiendo en que corresponde al Ayuntamiento abordar los problemas de la estación, incluyendo las escaleras mecánicas.
La portavoz del Gobierno regional criticó la decisión del Ayuntamiento de anunciar la posible rescisión, subrayando que, si esto se lleva a cabo, debe entender que tiene la obligación de devolver la instalación en el estado en que fue recibida. «Tendrían que arreglarla y dejarla en perfectas condiciones», afirmó. De no ser así, la Administración regional exploraría posibles acciones legales para abordar los daños y perjuicios de esta ruptura en la concesión.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, también se pronunció sobre la situación, recordando a través de las redes sociales que la responsabilidad del mantenimiento recae en el municipio. Hernando advirtió que, si el Ayuntamiento decide rescindir el contrato, deberá devolver la estación en un estado adecuado. En caso de hacerlo unilateralmente, podría enfrentar reclamaciones por daños y perjuicios.
El consejero compartió el ‘Pliego de condiciones de explotación’ que rige el contrato de gestión del servicio público de la estación, resaltando que el concesionario debe entregar las instalaciones «en perfecto estado» al finalizar la concesión. Además, subrayó que el pliego establece la obligación de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y asumir los riesgos asociados a la gestión del servicio. En caso de incumplimiento, el concesionario estaría obligado a indemnizar por la privación del disfrute durante el tiempo restante de la concesión.
