El reciente cierre de la capilla Luis de Lucena en Guadalajara, decretado por el Ayuntamiento por presuntas razones de seguridad, ha desatado una controversia significativa en torno a la gestión del patrimonio histórico. El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha criticado esta decisión, argumentando que contraviene la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha y ha expresado su compromiso de que el monumento será reabierto «en breve».
Durante una comparecencia ante los medios, Fernández-Montes se mostró visiblemente contrariado, sugiriendo que el Ayuntamiento debería haber solicitado la autorización de la Junta de Comunidades antes de proceder al cierre del Bien de Interés Cultural (BIC). Afirmó que «no podemos privar a la ciudadanía de su derecho a visitarlo», y no descartó llevar el asunto a los tribunales si fuese necesario para esclarecer la situación en torno a este monumento, cuyo mantenimiento recae en el Consistorio.
El desencadenante de la decisión del Ayuntamiento fue el estado de la parte trasera de una antigua gasolinera, reportándose un «riesgo inminente» para los visitantes que acceden al monumento. El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, subrayó la necesidad de que la Junta intervenga «para desatascar un problema histórico» y evitar el posible derrumbe del edificio.
Sin embargo, Fernández-Montes ofreció una versión divergente, resaltando que, como BIC, el acceso debería mantenerse abierto y que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de instar al propietario de la antigua gasolinera a tomar medidas respecto a un muro medianil en deterioro. Insistió en que, de no recibir respuesta, el Ayuntamiento debería actuar subsidiariamente y posteriormente reclamar gastos.
El delegado de Cultura manifestó su incredulidad ante la decisión del Consistorio, especialmente tras reuniones previas donde ambas partes acordaron requerir al propietario de la gasolinera que tomara medidas adecuadas. Denunció que esta acción vulnera un derecho ciudadano y contraviene lo establecido en la ley de Patrimonio, que exige la colaboración institucional y la comunicación de cualquier hecho que ponga en peligro la integridad de los bienes culturales.
Asimismo, Fernández-Montes negó que el problema de humedad en la capilla, detectado en una inspección reciente, se deba al estado del otro edificio, apuntando a deficiencias en la ventilación del propio monumento. Indicó que, a la espera del informe del Ayuntamiento, se tomarán acciones legales pertinentes y recalcó que la situación actual revela una falta de interés por parte del Ayuntamiento en la protección del patrimonio de Guadalajara.
Desde la Junta, también se criticó la ausencia de un catálogo urbanístico actualizado de los bienes patrimoniales en la ciudad, un instrumento que se ha requerido en diversas ocasiones al Consistorio. La falta de esta herramienta complica la planificación de obras y la seguridad jurídica en la gestión del patrimonio cultural, siendo Guadalajara la única capital de región sin un inventario actualizado que facilite estas tareas. La situación se mantiene tensa mientras las autoridades se preparan para abordar esta problemática.
