El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Anfonso Ruiz Molina, ha defendido la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha frente a las acusaciones de que esta normativa podría implicar un proceso de privatización. Durante la sesión del Consejo de Gobierno, Ruiz Molina subrayó que «en ningún caso estamos hablando de privatización», en respuesta a las protestas de sindicatos que han previsto manifestaciones para el miércoles en desacuerdo con la ley.
El consejero clarificó que algunos de los sindicatos que critican la propuesta habían tenido la oportunidad de colaborar en su elaboración, ya que se les solicitó que hicieran aportaciones. «Incluso algunos de ellos han visto que se han incorporado sus sugerencias al anteproyecto y ahora proyecto de ley», agregó.
Ruiz Molina también hizo hincapié en que la ley no busca reemplazar a los funcionarios, sino que pretende fortalecer la relación entre la Administración y los ciudadanos, facilitando su interacción. «Es posible y beneficioso» contar con el apoyo de entidades colaboradoras, lo que permitiría a los administrados recibir asistencia en su relación con la Administración regional sin despojar a los funcionarios de sus funciones.
El Consejo de Gobierno presentó el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa al Consejo Consultivo a finales de enero, que se encargará de emitir un informe preceptivo para que la normativa sea remitida a las Cortes de Castilla-La Mancha en marzo.
