El anteproyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, será presentado este martes al Consejo de Ministros para su aprobación. Esta iniciativa llega casi un año después de la primera reunión del diálogo social que abordó este tema y tras solucionar las discrepancias entre los Ministerios de Trabajo y Economía respecto a su implementación.
El texto es resultado del acuerdo firmado en diciembre por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, junto con los sindicatos CCOO y UGT, quienes excluyeron de la negociación a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, argumentando que la jornada laboral debería establecerse a través de un convenio colectivo.
La reducción de la jornada laboral es uno de los objetivos prioritarios para el Ministerio de Trabajo durante esta legislatura y forma parte del pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar. Se estima que cerca de 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta medida.
Tras la aprobación por parte del Gobierno el martes, el anteproyecto deberá recibir informes del Consejo de Estado y del CES antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que, según el Ministerio de Trabajo, ocurrirá a finales de febrero. Posteriormente, el texto será enviado al Congreso para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas antes de su aprobación final.
El Ministerio de Trabajo tiene como meta que la nueva norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, permitiendo así a las empresas un tiempo de adaptación, ya que los convenios colectivos que superen las 37,5 horas semanales de jornada promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a la nueva jornada máxima.
Según el anteproyecto, los contratos a tiempo parcial que tengan una duración igual o superior a 37,5 horas semanales se transformarán automáticamente en contratos a tiempo completo con la entrada en vigor de la nueva jornada legal. Para los trabajadores con contratos de menos de 37,5 horas, se garantizará que puedan continuar realizando el mismo número de horas, junto con un aumento proporcional de su salario, a partir de la implementación de la jornada máxima ordinaria.
Los empleados con jornada reducida por responsabilidades de cuidado o que sean considerados víctimas de violencia de género o terrorismo también mantendrán su derecho a realizar el mismo número de horas que venían efectuando antes de la entrada en vigor de la norma.
Además, el Gobierno se compromete a revisar junto a los agentes sociales la normativa de jornadas especiales en un plazo de 18 meses, para adecuar sus condiciones a la nueva jornada máxima legal.
En un cambio significativo, el Gobierno podrá imponer sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que no respeten el nuevo límite de jornada laboral o que no cumplan con el registro horario. Esto representa un endurecimiento notable de las sanciones existentes, que ahora se aplicarán por cada trabajador afectado en lugar de de manera general a la empresa.
El anteproyecto también introduce modificaciones en el registro horario para asegurar su eficacia y autenticidad, incluyendo la obligación de que las empresas mantengan un registro diario digital de la jornada laboral. Las horas trabajadas, tanto ordinarias como extraordinarias, se deberán totalizar mensualmente y se proporcionará una copia a los trabajadores con su recibo de salario.
Los trabajadores serán responsables de realizar sus propios registros de horas, garantizando que la empresa no pueda manipular los datos. La normativa asegura que todos los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo puedan acceder al registro de jornada, promoviendo la transparencia en el cumplimiento de la norma.
Por último, el anteproyecto refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no estén obligados a responder a comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral, considerándose este derecho como «irrenunciable». Esto implica que no pueden producirse represalias por no atender dichos mensajes en su tiempo personal.
