La Guardia Civil de Ciudad Real ha capturado a tres individuos en una operación contra el fraude a la Política Agraria Comunitaria (PAC), autorizada por la Fiscalía Europea. Los imputados enfrentan cargos por delitos de estafa, blanqueo de capital, falsedad documental, fraude a la Hacienda de la Unión Europea y organización criminal.
La investigación, llamada Timallus, fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y su objetivo fue aclarar diferentes ilícitos cometidos por este grupo delictivo, incluyendo fraude a las subvenciones proporcionadas por la Unión Europea a través de la PAC. La investigación fue iniciada gracias a información proporcionada por ciudadanos sobre agricultores que estaban recibiendo la ayuda de forma fraudulenta.
Se identificó a una persona y una empresa que habían solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando numerosas anomalías e irregularidades. Además, se detectó un aumento desorbitado en el número de hectáreas y de subvención solicitadas, pasando de recibir una cantidad de 2.000 euros en 2018 a más de 40.000 en 2020.
La investigación concluyó que se trataba de una organización criminal estructurada, formada por al menos tres personas y cinco empresas que operaban en diversas provincias de España, incluyendo Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. Se descubrió que dos de las empresas compraban derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie, y las otras dos se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC y para facilitar facturas falsas a terceros para anexarlas a las solicitudes de subvención. La última empresa se publicitaba en la web para localizar parcelas en todo el territorio nacional con el fin de llevar a cabo el fraude.
Se concluyó que la organización criminal además de percibir dinero de titularidad pública de forma directa, también estaba recibiendo dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceros.
Se estima que esta trama criminal defraudó 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea y llegó a alcanzar los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude indirecto. La investigación finalizó con la captura de tres personas a las que se les imputan los delitos mencionados, y se realizaron dos entradas y registros en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, incautando 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos. Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, así como vehículos y tractores.
