Una alta funcionaria del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Ciudad Real, ha sido objeto de un expediente disciplinario por parte de la Junta Local de Gobierno, siendo suspendida en sus funciones. En una comunicación dirigida a la Junta de Personal y a los grupos políticos del consistorio, la funcionaria se defiende alegando que el expediente es «carente de fundamentación y basado en meras suposiciones». Además, denuncia un supuesto «acoso» por parte del alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y de dos concejales, manifestando su intención de emprender acciones «administrativas y penales».
El alcalde ha respondido a las acusaciones, indicando que hasta el momento no tiene conocimiento de que la funcionaria haya presentado una denuncia formal. Defiende el proceso de instrucción del expediente, asegurando que el consistorio cuenta con un protocolo contra el acoso laboral y que la trabajadora no se encuentra en una situación de «desprotección».
La funcionaria ha descrito en su mensaje que ha estado sufriendo acoso durante meses, culminando en un incidente el 7 de marzo, del que asegura fueron testigos varios compañeros. Tras informar a los sindicatos, presentó un escrito ante el responsable de Seguridad y Salud, pero al día siguiente recibió la notificación del expediente disciplinario junto a su suspensión inmediata y la retirada de su acceso al ordenador.
«Ni siquiera puedo retirar mis propios enseres personales», lamenta la funcionaria, quien ha señalado que, ante esta situación, procederá con las acciones legales pertinentes. Ha agradecido el apoyo que ha recibido de compañeros, familiares y del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, y ha solicitado que se garantice la limpieza y transparencia del proceso.
En el último pleno municipal, el alcalde reiteró que no existe constancia de denuncia por parte de la funcionaria y enfatizó que su respuesta a la prensa fue provocada por preguntas de los periodistas. A su vez, la edil del PSOE, Esther Mora, destacó la valentía de la trabajadora y cuestionó las acciones tomadas para protegerla, instando a la empatía de la ciudadanía y pidiendo un entorno laboral seguro para todos.
El concejal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, también criticó la forma en que se ha manejado la situación públicamente, sugiriendo que se debería actuar con mayor discreción para proteger los derechos de la funcionaria y anunció que su grupo estará vigilante en el seguimiento del expediente.
