En un giro reciente que ha intensificado la ya palpable tensión política en Venezuela, el fiscal general, Tarek William Saab, ha informado que el principal oponente durante las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, será citado a declarar en relación con múltiples acusaciones en su contra, incluidas las de «desobediencia» y «usurpación de funciones». Saab, en una rueda de prensa, insinuó que González Urrutia ha evitado presentarse ante las autoridades y ha preferido expresarse a través de las redes sociales de una manera que consideró inusual.
Este movimiento de la Fiscalía se produce tras una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que parece respaldar la decisión de avanzar en las investigaciones que ya estaban en curso contra González. Las acusaciones se centran en sus acciones antes, durante y después del 28 de julio, fecha de las elecciones, particularmente por la difusión de documentos en Internet que indicarían su victoria sobre el actual presidente, Nicolás Maduro, contrariando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La publicación de estos documentos ha sido señalada por Saab como un posible delito, acusando además al candidato opositor de intentar «usurpar» las competencias del CNE. Este punto es especialmente contencioso, dado que González Urrutia asumió la candidatura tras la inhabilitación política de María Corina Machado por parte de las instituciones controladas por el chavismo, lo cual plantea preguntas sobre la legitimidad y la neutralidad del proceso electoral venezolano.
El caso de González Urrutia añade otra capa a la compleja dinámica política de Venezuela, donde las disputas electorales y las acusaciones de irregularidades han sido una constante en los últimos años. La citación del fiscal se suma a las crecientes tensiones, especialmente después de que Maduro elevase el tono contra Urrutia, desafiándolo a confrontaciones directas en las calles tras un fallo del Supremo.
Este último episodio subraya no solo la profunda división política del país, sino también el papel clave que juegan las instituciones judiciales en el sostenimiento de las tensiones. Con la comunidad internacional observando de cerca, el futuro político de Venezuela parece seguir estando rebosante de incertidumbres.
