La Fiscalía de Palermo pidió seis años de prisión para Matteo Salvini, exministro del Interior italiano y actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, por haber bloqueado en agosto de 2019 el barco de rescate de la ONG Open Arms, que llevaba a bordo 147 inmigrantes en situación de riesgo. La decisión del político ultraderechista de no permitir el desembarco en puerto italiano forma parte de su política de puertos cerrados, dirigida a frenar la llegada de migrantes al país.
Marzia Sabella, fiscal a cargo del caso, expresó ante el Tribunal de Palermo que el bloqueo de la nave constituía «un rechazo consciente» que vulneraba «la libertad personal» de los migrantes «sin un motivo comprensible». El barco estuvo retenido en el mar durante 20 días hasta que, la noche del 20 de agosto, intervino la justicia permitiendo que los migrantes desembarcasen en la isla de Lampedusa.
Salvini, quien ocupaba el cargo de ministro del Interior cuando se produjo el incidente, enfrenta acusaciones de secuestro de personas y abuso de poder, aunque no compareció en la audiencia. Durante el proceso, se ha defendido argumentando que su intención era proteger las fronteras italianas y promover una distribución equitativa de inmigrantes en Europa, una postura que asegura era compartida por el resto del Gobierno, entonces una coalición entre su partido, La Liga, y el Movimiento 5 Estrellas.
El fiscal asistente, Colagero Ferrara, subrayó que el juicio no tiene un trasfondo político, sino que se centra en analizar los «actos administrativos» que Salvini emprendió desde su ministerio. En este sentido, la defensa ha calificado de contradictoria la acusación, argumentando que se está imputando una línea política, aunque desde la fiscalía se insiste en que las decisiones sobre los desembarcos fueron transferidas al gabinete de Salvini desde su toma de posesión, convirtiéndole en el responsable final de estas acciones.
El juicio, posible gracias a que en julio de 2020 el Senado italiano votó a favor de levantar la inmunidad parlamentaria de Salvini, espera su sentencia de primer grado para mediados de octubre. La fiscalía sostiene que, independientemente de las políticas de inmigración, el respeto por los derechos humanos debe prevalecer sobre la protección de la soberanía del Estado, una posición que pone de relieve el delicado equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
