La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha anunciado su intención de solicitar penas de inhabilitación para Marine Le Pen y otros miembros de su partido, la Agrupación Nacional, en el marco de un caso de desvío de fondos europeos. Este anuncio se produce tras la condena de Le Pen en marzo de 2025, que incluyó cinco años de inhabilitación y una pena de prisión suspendida de cuatro años por malversación de fondos públicos provenientes de la Eurocámara. Aunque el fiscal no especificó un tiempo exacto de inhabilitación, dejó claro que se busca una fuerte reafirmación de las responsabilidades penales de los acusados.
Thierry Ramonatxo, el primer abogado general, subrayó la seriedad del caso, mencionando que los miembros del partido han lanzado ataques mediáticos contra el sistema judicial tras la condena inicial. A pesar del clima de tensión, el fiscal destacó un cambio positivo en el tono de los debates durante el juicio de apelación, lo que sugiere una atmósfera menos cargada que en ocasiones anteriores. Por su parte, Le Pen ha adoptado una postura defensiva, alegando que no tenía la intención de cometer irregularidades en la financiación de su partido y que las actuaciones eran de carácter público.
Este proceso judicial no solo marca un reto significativo para la carrera política de Le Pen, quien aspira a presentarse nuevamente en las elecciones presidenciales de 2027, sino que también pone de relieve las dificultades que enfrenta en un sistema donde la persecución de la corrupción y el uso indebido de fondos públicos siguen siendo temas candentes. La situación se complica aún más por el trasfondo de las implicaciones políticas que podrían surgir de una eventual condena.
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