La Fiscalía de París ha puesto el foco sobre la campaña presidencial de 2022 de Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha, debido a acusaciones de financiación ilegal. Según las autoridades, se han abierto investigaciones por seis posibles delitos que incluyen malversación de fondos por parte de funcionarios públicos, falsificación de documentos, y la aceptación de préstamos de entidades por parte de un candidato en campaña.
Estas indagatorias se dan luego de que la Comisión Nacional de Cuentas de Campañas y Financiamiento Político (CNCCFP), un organismo encargado de fiscalizar los gastos de campaña y asegurarse de que no se sobrepasen los límites legales, emitiera un informe en 2023, apuntando irregularidades en la gestión financiera de la candidatura de Le Pen. Este organismo no solo controla que los gastos se mantengan dentro de lo permitido, sino que, además, verifica la autenticidad de las facturas presentadas para las actividades de campaña.
De encontrarse irregularidades, la comisión tiene la facultad de reducir los montos de reembolso estatal destinados a cubrir parte de los gastos de la campaña, solicitar explicaciones adicionales o, como ha ocurrido en este caso, iniciar acciones legales. Este tipo de escrutinio financiero no es nuevo para el entorno de Le Pen, ya que en junio, el partido Reagrupación Nacional y allegados a Le Pen fueron objeto de rechazo por parte del Tribunal de Casación en relación a un caso de supuesto cobro excesivo por «kits de campaña» en las elecciones legislativas de 2012, una estrategia supuestamente diseñada para inflar indebidamente los costos y recibir mayores reembolsos estatales.
Hasta el momento, ni Marine Le Pen ni su partido han emitido comentarios sobre esta nueva investigación. La líder ultraderechista, que aspiraba a superar los logros previos en las urnas, enfrentó de nuevo a Emmanuel Macron en las elecciones de 2022, logrando acortar la distancia porcentual respecto a la derrota en 2017, aunque sin conseguir el triunfo. Estas nuevas investigaciones apuntan a profundizar los retos legales y la controversia política alrededor de la figura de Le Pen y su partido. Con estas acusaciones surgiendo dos años después de las elecciones presidenciales, el panorama político y la integridad de las prácticas electorales de Francia vuelven a estar bajo escrutinio público y judicial.
